3 DATOS CLAVE:

1. El “Libro de la Verdad” incluye un contrato de la Unidad Nacional de Protección por más de $78.000 millones para garantizar escoltas en dos de las 10 zonas del país, y señala que un juzgado ordenó suspenderlo mientras estudiaba el caso.
   
2. La UNP pasó de contemplar 10 zonas a solo dos sin explicar las razones en los documentos oficiales, y 13 escoltas presentaron tutelas señalando que eso podía afectar sus empleos y vulnerar su derecho a la igualdad. La suspensión fue ordenada el 17 de julio por un juzgado de Pereira a partir de una de esas tutelas.
   
3. Un día antes de la decisión del juzgado, De la Espriella le había pedido al ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, solicitar a la Procuraduría un seguimiento preventivo a los procesos de la UNP.

Un contrato para garantizar la protección de personas en riesgo terminó cuestionando por qué la Unidad Nacional de Protección (UNP) durante el gobierno de Gustavo Petro decidió contratar el servicio solo para dos de las 10 zonas del país. El proceso, por más de $78.000 millones, fue incluido en el “Libro de la Verdad” que presentó el pasado 18 de agosto el presidente Abelardo de la Espriella.

El documento señala que el proceso “planteaba interrogantes” por la forma en que se delimitó la contratación y por la exclusión de otras zonas, y cuenta que un juzgado de Pereira admitió una tutela y ordenó suspender temporalmente el proceso mientras estudiaba el caso.

Colombiacheck y el Reporte Coronell revisaron los documentos de la contratación, donde se encontró que las cifras y fechas que presenta el Libro coinciden, pero los cuestionamientos sobre el proceso y su posterior suspensión tienen una historia más amplia. 

Aunque el nuevo gobierno de De la Esprilla intervino después, la tutela que llevó a la suspensión había sido admitida el 17 de julio –es decir, previo a la publicación del libro– por un escolta de la UNP, información que el libro omite mencionar.

El contrato para nuevos escoltas

Primero es clave entender cómo funciona la contratación de los escoltas de la UNP que protegen a personas incluidas en el Programa de Protección, como líderes sociales, defensores de derechos humanos y funcionarios amenazados, entre otros.

La UNP no contrata directamente a los escoltas, sino a empresas, generalmente uniones temporales (grupos de empresas que se asocian para prestar el servicio), y estas son las encargadas de contratar y poner a disposición a los escoltas que protegen a las personas en riesgo. Para organizar este servicio, el país está dividido en zonas y cada una tiene su propio contrato y operador.

El proceso PSA-UNP-054-2026, al que se refiere el “Libro de la Verdad”, buscaba escoger a las empresas que prestarían este servicio entre agosto y noviembre de este año.

El 10 de junio, la UNP publicó en el SECOP II el borrador del proceso, que inicialmente tenía un presupuesto de $825.687.291.180 y contemplaba contratar el servicio para 10 zonas del país, que incluía a departamentos como Antioquia, Nariño, Chocó, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá, Meta y Valle del Cauca, entre otros. En ese borrador, la adjudicación estaba prevista para el 14 de julio y la firma del contrato para el día siguiente.

El 9 de julio, la UNP publicó la versión definitiva del proceso, pero esta vez solo incluyó las zonas 1 y 2. Estas abarcan municipios de Bogotá, Cundinamarca, Cauca, Amazonas y Norte de Santander y tenían un presupuesto de $78.827.808.744.

Además de pasar de 10 zonas a solo dos, también disminuyó el presupuesto destinado a esas zonas. En junio, las dos sumaban $201.773.973.004 y en julio quedaron en $78.827.808.744. En la versión definitiva, la adjudicación quedó prevista para el 28 de julio y la firma para el día hábil siguiente.

Sin embargo, ni el aviso de convocatoria definitivo ni la resolución que abrió el proceso explican por qué la contratación pasó de 10 zonas a solo dos ni por qué disminuyó el presupuesto de las que permanecieron.

Los cuestionamientos sobre la contratación

En el SECOP II aparece que fueron interpuestas 17 tutelas contra este proceso. Tras una revisión de cada una y se encontró que 13, presentadas por escoltas de la UNP, tienen exactamente el mismo texto. Una de ellas viene del Sindicato de la Unidad Nacional de Protección y en varias partes de las demás también se hacen referencias a “nosotros” y “el sindicato”.

Las tutelas señalan una posible afectación de derechos como la igualdad, el trabajo en condiciones dignas, el mínimo vital, el debido proceso y la dignidad humana.

Los demandantes explicaron que en diciembre de 2023 la UNP había adjudicado en un solo proceso los contratos de protección para todo el país. En ese momento, a diferencia del proceso de 2026, la entidad dividió la contratación en 15 zonas. Todas fueron adjudicadas, excepto una, que quedó desierta y posteriormente se repartió entre las demás.

Un dato de contexto para entender el reclamo de los escoltas es que, cuando un contrato estatal está por terminar, la entidad puede ampliarlo de dos maneras: si agrega más recursos, lo que se conoce como una adición, o si abre un nuevo proceso para contratar el servicio. Sin embargo, la ley establece que una adición no puede superar el 50 % del valor inicial del contrato.

Según las tutelas, para mediados de 2026 los contratos de las diferentes zonas ya habían llegado a ese límite, por lo que no podían recibir más recursos para prolongar su vigencia. En otras palabras, los contratos estaban próximos a vencerse y la UNP necesitaba definir cómo continuaría la prestación del servicio.

Los escoltas que presentaron las tutelas cuestionaron que, si todas las zonas estaban en una situación similar, la UNP debía haber abierto un nuevo proceso para todas y no únicamente para las zonas 1 y 2. Según ellos, esto podría poner en riesgo sus empleos, porque ellos trabajan en esas dos zonas y, si otra empresa ganaba el nuevo contrato, no estaba obligada a contratar nuevamente a los mismos escoltas. En cambio, los trabajadores de las otras ocho zonas podrían continuar vinculados a los contratos que ya estaban vigentes.

Por eso, las tutelas pedían que el proceso se suspendiera temporalmente y que la UNP mostrara los estudios que había utilizado para decidir por qué solo las zonas 1 y 2 serían incluidas en la nueva contratación. También solicitaban que, si esos estudios no existían, la entidad tomara medidas para garantizar un trato igual entre todas las zonas.

La suspensión del proceso

El 17 de julio, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira admitió una de las tutelas presentadas por un escolta de la UNP y ese mismo día la jueza a cargo ordenó suspender temporalmente el proceso.

Esta decisión no significa que la jueza hubiera determinado que la UNP actuó ilegalmente. Lo que hizo fue detener el proceso mientras estudiaba la tutela. La decisión definitiva sobre si hubo o no una vulneración de derechos debía tomarse posteriormente, en la sentencia de fondo.

Ese mismo día, la UNP publicó el aviso de suspensión. Hasta ahora, el proceso no registra nuevas actuaciones en el SECOP II ni se ha informado una sentencia de fondo sobre esta tutela.

Un día antes de esta suspensión, el entonces presidente electo Abelardo de la Espriella le había pedido al entonces ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, solicitar a la Procuraduría un seguimiento preventivo a los procesos que adelantaba la UNP, entre ellos el relacionado con la contratación de escoltas. La solicitud señalaba que estos procesos eran relevantes por su relación con la seguridad del nuevo gobierno y el manejo de recursos públicos.

El 17 de julio, la Procuraduría visitó las instalaciones de la UNP y, según informó en un comunicado, pidió a sus directivas información sobre las razones técnicas, jurídicas, presupuestales y administrativas que llevaron a reducir la contratación de 10 zonas a solo dos.

El 21 de julio, la UNP explicó en un comunicado que había reducido el alcance del proceso por la disponibilidad parcial de recursos del Ministerio de Hacienda. Según la entidad, esto estaba relacionado con retrasos en el flujo de recursos y con las restricciones fiscales derivadas de la no aprobación de la reforma tributaria.

En conclusión, el proceso sí fue suspendido y la UNP recibió cuestionamientos por reducir la contratación de 10 zonas a solo dos. Sin embargo, la suspensión fue ordenada por un juzgado a partir de una tutela presentada por un escolta y la Procuraduría ya había sido convocada por la propia UNP antes de la intervención del nuevo gobierno.

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