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Viernes, 14 Febrero 2020

Explicador: ¿Cuándo aplica la legítima defensa en Colombia?

Por José Felipe Sarmiento

Una persona acusada de cometer un delito puede quedar libre de responsabilidad si se acoge a esta figura. Pero el Código Penal tiene unas condiciones que hay que analizar en contexto.

Cada tanto aparece un crimen mediático que pone a la opinión pública a discutir sobre la legítima defensa. ¿Se vale asesinar a un ladrón en medio de un atraco? ¿Es correcto condenar a una mujer que agrede a su marido después de años de violencia de género por parte de él? ¿Qué pasa si un secuestrado se arma y hiere a sus captores para poder escapar del cautiverio?

En este explicador, Colombiacheck le cuenta cómo funciona esa figura jurídica tan debatida.

¿Qué es la legítima defensa?

En el Código Penal, la legítima defensa es la sexta entre 12 posibles razones para la ausencia de responsabilidad penal. En términos sencillos, “esto significa que su conducta delictiva está justificada si se cumple con ciertas condiciones”, explica la penalista María Camila Correa Flórez, que tiene un doctorado en Derecho y Ciencias Políticas con una tesis sobre su aplicación en contextos de violencia de género intrafamiliar. O sea que sí delinquió pero no fue su culpa. En este caso, porque lo atacaron primero.

El fundamento teórico es la autoprotección, como señaló el abogado y criminólogo David Matiz Pinilla en un artículo para el portal Ámbito Jurídico, con base en el autor alemán Kristian Kühl. No es un invento colombiano sino un principio del derecho con una larga historia. “En todas las tradiciones romanogermánicas, como la nuestra, funciona más o menos igual y en el common law [de origen anglosajón] existe la defensa propia, que tiene algunas variantes pero también es similar”, amplía Correa.

¿Cuándo aplica?

Lo que dice la ley es que esto aplica cuando “se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión”. Además, se presume en particular cuando una persona “rechaza al extraño que, indebidamente, intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas”.

Mejor dicho, no basta con estarse defendiendo. Hay unos requisitos más específicos que la Corte Suprema de Justicia, en particular su sala de casación penal, ha ido puliendo en sus decisiones. Matiz los enumeró así:

(i) que exista una agresión ilegítima o antijurídica que genere peligro al interés protegido legalmente; (ii) el ataque ha de ser actual o inminente, esto es, que se haya iniciado o, sin duda alguna, vaya a comenzar y aún haya posibilidad de protegerlo; (iii) la defensa debe ser necesaria para impedir que el ataque se haga efectivo; (iv) la entidad de la defensa debe ser proporcionada cualitativa y cuantitativamente respecto de la respuesta y los medios utilizados, y (v) la agresión no ha de ser intencional o provocada.

En español, los dos primeros elementos que debe haber para que se configure legítima defensa tienen que ver, por supuesto, con que haya un ataque antes. Por un lado, este debe debe ser injusto o contrario a la ley, por ejemplo, con el fin de cometer un delito contra la persona. Por el otro, lo de “actual o inminente” quiere decir que lo deben estar agrediendo en ese preciso momento o que es evidente que eso está por suceder.

“Esto también incluye agresiones que se extienden en el tiempo, como el secuestro”, agrega Correa Flórez. Quien es víctima de este delito, que puede durar años, puede defenderse de él en cualquier momento porque es una situación continua.

Pero la otra mitad de los requisitos aclara que la persona atacada tampoco se puede defender de cualquier forma. La proporcionalidad es un asunto clave y hace parte de un componente más amplio, que técnicamente se llama la necesidad racional de la acción. Según la académica, esto se entiende como que “realmente sea necesario lesionar o matar al agresor”.

Una explicación en el portal de la firma de abogados Colombia Legal Corporation lo pone en términos de que el ciudadano “no puede, en ningún caso, pasar de ser agredido a ser agresor”. Pero ahí hay muchos matices. “Lo que ha dicho la Corte Suprema en repetidas ocasiones es que ese análisis debe hacerse en contexto y que no se puede llegar a conclusiones generales de que debe ser pistola contra pistola y cuchillo contra cuchillo”, explica Correa.

Es decir, el tercer punto no hace referencia solo al arma utilizada, que es el ejemplo clásico. Entran otros factores alrededor de la situación. Precisamente la mencionada tesis doctoral de la penalista plantea que, en ciertas circunstancias, una mujer víctima de violencia doméstica de género que mata a su agresor, incluso si no hay confrontación, puede acogerse a la figura de legítima defensa:

La acción defensiva de la mujer es necesaria porque no tenía otros medios menos lesivos para defenderse sin ponerse a ella misma en peligro, y porque su acción defensiva es racionalmente proporcional. En primer lugar, por el mismo tipo de agresión, la mujer se encuentra privada de su libertad tras unos barrotes invisibles; es el mismo tirano, a través de la agresión, el que le impide recurrir a otros medios. Los denominados “otros medios” constituyen un acto de rebelión contra el tirano que puede desencadenar su furia, y la mujer, debido a que conoce el comportamiento de su agresor, sabe que puede poner en riesgo su vida si recurre a ellos. Además, el medio defensivo es proporcional, en el sentido de racionalmente necesario, en el contexto en el que tienen lugar los hechos. Es decir, en el marco de una relación de tiranía, donde el agresor le bloquea todas las posibilidades de salvación por medio de la misma agresión, matar a éste en una situación sin confrontación resulta racionalmente necesario.

La cuarta y última condición para la legítima defensa va dirigida a la voluntad de quien se defiende. ¿Cómo así? “Básicamente, que la persona de verdad esté pensando en defenderse y no haya sido quien provocó la agresión en su contra para después responder”, resume la profesora. Ejemplo clásico de lo que no se vale: la riña de borrachos que empieza porque uno insulta al otro para que este le pegue y luego “defenderse”. Esto excluye también los actos de venganza, por ejemplo. Pero, de nuevo, cada caso requiere de un análisis complejo que es tarea de la justicia.

¿Qué se defiende?

Casi siempre, los ejemplos y las discusiones más airadas sobre legítima defensa giran alrededor de los delitos contra la vida. Cuando el riesgo es que maten a la persona. Pero la figura es más amplia. Por supuesto, la agresión puede ser un robo, un delito sexual o un secuestro, como ya se dijo. Pero la situación debe pasar por el análisis de los mismos elementos para determinar si se justifica o no la conducta de la víctima o si excede los límites de la ausencia de responsabilidad y, por tanto, puede ser condenada.

Otro ejemplo: el atracador que es atacado por su víctima cuando ya está huyendo con los objetos robados. Si la persona le dispara por la espalda, es más probable que sea considerada como una respuesta desproporcionada que si lo persigue y lo empuja para quitarle lo que se robó. En el primer escenario, dado que la agresión contra la vida ya pasó (no es actual), usar un arma de fuego sería innecesario. En el segundo, estaría actuando en defensa de su patrimonio y podría ser válido para la causal.

Aquí también entra la segunda parte sobre el extraño que entra a una casa. Si quien vive allí lo ataca, se presume que lo hizo en legítima defensa porque la sola presencia de alguien sin permiso en la propiedad se toma como una agresión. “Eso pasó en Medellín hace unos años, cuando una persona atacó a alguien que entró a su casa de noche y luego resultó ser un conocido, pero se le reconoció la legítima defensa”, recuerda Correa.

En cualquier caso, hay muchos factores en juego. Por eso Correa insiste en la importancia del análisis contextual. La legítima defensa no es ni tan amplia ni tan estrecha como la presentan en algunos juicios de 280 caracteres. Esperamos que este explicador sirva para comprender mejor los grises de la norma.

Martes, 29 Enero 2019

Explicador: ¿Qué es un líder social?

Por Sania Salazar y Luisa Fernanda Gómez

Entender quién es un líder social es fundamental para comprender por qué no hay cifras unificadas al respecto y por qué sus asesinatos nos deben importar.

El asesinato de líderes sociales no para en Colombia y mientras los riesgos son inminentes para ellos, en el país se debate sobre el concepto de líder social, luego de que el alto consejero presidencial de derechos humanos y asuntos internacionales, Francisco Barbosa Delgado, aseguró que el Gobierno saliente no entregó cifras de 2010 hacia atrás sobre esos asesinatos. “Encontramos que esa categoría o esa figura de líder social como tal no existía”, dijo en una entrevista con RCN Radio.

A raíz de la discusión, Colombiacheck consultó varias organizaciones que monitorean estos asesinatos para saber qué es un líder social y qué importancia tiene el concepto a la hora de investigar los asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos en Colombia y determinar los autores materiales e intelectuales.

Hasta el pasado 11 de enero, cuando la Fiscalía General de la Nación presentó cifras al respecto, se contaban 238 líderes asesinados desde 2016.

La exconsejera Presidencial para los Derechos Humanos, Paula Gaviria, le explicó a Colombiacheck que en el gobierno anterior se basaron en el concepto de defensor de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas para definir qué es un líder social, por lo que ambos términos son equiparables.

¿Qué es un líder social?

Según Naciones Unidas, la expresión “defensor de derechos humanos” se usa para describir a la persona que, individualmente o junto con otras, se esfuerza en promover o proteger esos derechos, y agrega que se les conoce sobre todo por lo que hacen. Según la ONU, la mejor forma de explicar lo que son consiste en describir sus actividades.

El Sistema de Información sobre Agresiones a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Colombia, SIADDHH, retoma la definición de Naciones Unidas y dice, además, que “un defensor o defensora de derechos humanos es en sí mismo un líder en la sociedad civil en cualquiera de sus ámbitos geográficos (nacional, regional o local), lo que significa que no pertenece a ninguna institución del Estado”.

Por otro lado, en la Fundación Paz y Reconciliación no toman el concepto de Naciones Unidas, sino que a través de la experiencia y la recopilación de fuentes (incluida la ONU) han construido su propia definición. “Se trata de personas que tienen vocación de transformación social; que movilizan apoyos políticos y ciudadanos”, de acuerdo con Alejandro Jiménez, investigador a cargo del Observatorio de Violencia Política.

“Son ciudadanos, es el poder ciudadano lo que hay allí”. Así resume Luis Guillermo Guerrero, director del Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep, el concepto de líder social y defensor de derechos humanos.

¿Qué hacen los defensores de derechos humanos?

“Estas personas se esfuerzan en promover y proteger los derechos civiles y políticos y en lograr la promoción, la protección y el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales”, explica la ONU, que además indica que los defensores actúan en favor de derechos humanos tan diversos como el derecho a la vida, la alimentación y el agua, el nivel más alto posible de salud, una vivienda adecuada, un nombre y una nacionalidad, la educación, la libertad de circulación y la no discriminación.

Los defensores de derechos humanos o líderes sociales también defienden los derechos de categorías de personas, por ejemplo, los derechos de la mujer, de los indígenas, los niños, y de minorías sociales.

¿Quién puede ser defensor de derechos humanos?

Según las Naciones Unidas, cualquier persona o grupo de personas que se esfuercen en promover los derechos humanos, desde organizaciones intergubernamentales asentadas en las mayores ciudades del mundo, hasta individuos que trabajan en sus comunidades locales. “Es importante observar, en particular, que los defensores de los derechos humanos no sólo desarrollan su actividad en ONG y organizaciones intergubernamentales, sino que, en algunos casos, también pueden ser empleados del Estado, funcionarios públicos o miembros del sector privado”.

¿Qué importancia tienen los líderes sociales para sus comunidades en Colombia?

Paula Gaviria explica que el asesinato de líderes sociales impacta fuertemente la cohesión que ellos logran de la comunidad en torno a propósitos comunes en un mundo que es cada vez más individualista.

“Cuando matan un líder o lo amenazan es como si estuvieran amenazando a toda una comunidad, están afectando los sueños de una comunidad, su esperanza, el futuro de una comunidad que está representada en esa persona que está soñando con un futuro diferente. Ahí hay cierto heroísmo y cuando asesinan un líder se afecta el alma de una comunidad”, asegura Gaviria.

“Acentuaría la gravedad de los asesinatos de líderes pertenecientes a comunidades étnicas porque hay unas tradiciones y un tema cultural  que se transmite por generaciones que cuando se pierde a un líder Awá o Embera o de un consejo comunitario se está perdiendo una manera de saber hacer las cosas, una manera de transmitir el conocimiento, de transmitir una manera de ver el mundo, de cuidar la tierra, de cuidarse como comunidad que se pueden demorar décadas o siglos volviéndose a dar. Ahí hay un peso mayor”, resalta Gaviria.

¿Qué importancia tienen las diferencias en el concepto de líder social a la hora de investigar los asesinatos?

Bastante, según Jiménez, “pues hay organizaciones que han tenido un conteo mayor al de Pares y el concepto varía en las cifras”.

Para Gaviria tiene importancia cuando el ente investigador, sea el que sea, no se guía como criterio principal de investigación por el liderazgo social de la víctima, pues si se se basan en primera instancia en otras hipótesis relacionadas con las circunstancias de los hechos  probablemente no llegue nunca a encontrar el verdadero motivo del asesinato.

Sin embargo, advierte el investigador, “el gobierno ha querido hacer ver que no hay cifras claras, concretas. Pero el problema no es cuántos líderes sociales son, sino qué se está haciendo (desde el gobierno) para que no los maten. Para dar garantías del ejercicio y que el liderazgo y la protesta social sean un derecho garantizado en el país”.

¿Por qué las cifras de líderes sociales asesinados varían entre organizaciones?

Como cada organización, e incluso el Gobierno Nacional, utilizan una definición y una metodología distintas de recopilación de datos, como explicaba Jiménez, el número de líderes sociales asesinados varía para cada conteo.

Para el Gobierno, desde la firma del acuerdo de paz, el 24 de noviembre de 2016, hasta la publicación en julio de 2018 de nuestro artículo #NosEstánMatando: Los orígenes de las cifras de líderes sociales asesinados, los líderes asesinados eran 178.

El conteo de Pares, desde la misma fecha, hasta el viernes 25 de enero de 2019, va en “212 asesinados con ocasión de sus actividades de líderes sociales y defensores de derechos humanos”, según confirma Jiménez.

Sin embargo, la cifra oficial, en la que se apoya la Fiscalía General de la Nación, está basada en la verificación que hace la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y según el último informe del Secretario General de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, publicado el 26 de diceimbre del año pasado, desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, “se han verificado 163 asesinatos de líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos y se ha informado de 454 casos en total”.

Pero también hay que tener el cuenta la fecha en que se parte para hacer el conteo. La Defensoría del Pueblo, por ejemplo, había reportado 311 líderes asesinados, contando desde el 1 de enero de 2016 al 30 de junio de 2018.