Pasar al contenido principal
Martes, 16 Abril 2019

Explicador: Cuántos son los casos de ‘falsos positivos’

Por José Felipe Sarmiento

Actualizamos este explicador de 2019 sobre las diferencias que había en las cifras de diferentes instituciones con la nueva información revelada por la JEP en el marco de la investigación sobre estos crímenes.

Actualización 18 de febrero de 2021, 11:30 a.m.

Este jueves, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió el comunicado “La JEP hace pública la estrategia de priorización dentro del Caso 03, conocido como el de falsos positivos”, en el que anunció que ha documentado el asesinato de 6.402 personas de forma ilegítima para ser presentadas como supuestas bajas en combate, entre 2002 y 2008.

Según la jurisdicción, en este periodo se presentó el 78 por ciento de la victimización histórica. Por tanto, el total desde los primeros casos reportados en la década de 1980 sería al menos de 8.200 víctimas.

Estos números son mucho más altos que los contenidos en el informe sobre el caso que la Fiscalía General de la Nación le entregó al sistema de justicia transicional en su momento (2.248 personas). Incluso superan los cálculos de la mayoría de organizaciones sociales, entes multilaterales e instituciones académicas.

“Las cifras del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), el Sistema de Información Judicial de la Fiscalía (SIJUF), el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) difieren respecto a la magnitud del crimen investigado por la JEP”, dice el comunicado. Colombiacheck había recogido esas diferencias en este explicador (la mayoría no pasaba de 7.000 casos).

La JEP afirmó que fue la contrastación de estas bases de datos lo que le permitió “determinar la dimensión del fenómeno macrocriminal”. Además, señaló que esta información llevó a tomar la decisión de concentrar la primera fase de investigación del Caso 03: 'Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes de Estado' en seis territorios: Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta.

Este trabajo de obtener una cifra más aproximada a la realidad era justamente una de las cosas que se esperaba de la JEP, como se explicó en el texto original que se puede leer a continuación.

Texto original

Ya pasaron casi 11 años desde que estalló el escándalo de los llamados “falsos positivos” en Soacha, Cundinamarca, en el que jóvenes desaparecidos en ese municipio fueron asesinados y presentados por el Ejército como guerrilleros muertos en combate en Ocaña, Norte de Santander. Ahora, se sabe que los ‘falsos positivos’ fueron un fenómeno mucho mayor, que abarcó diferentes regiones del país. Sin embargo, todavía no existe una cifra unánime sobre el número de casos y de víctimas.

Para la muestra basta revisar el auto con el que la Justicia Especial para la Paz (JEP) abrió el caso 003 en julio de 2018. La Sala de Reconocimiento de la jurisdicción transicional citó datos del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), que registró 1.741 víctimas de 1984 a 2011; de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), una agrupación de organizaciones sociales, que contó 1.257 de 2002 a 2014; así como datos de la Fiscalía, que dio cuenta de 2.248 muertes entre 1988 y 2014.

¿Qué son ejecuciones extrajudiciales?

Las ejecuciones extrajudiciales son “todos los actos y omisiones representativos de Estado que constituyan una violación al reconocimiento general del derecho a la vida encarnado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos” y otros tratados internacionales. Son ilegales por definición, de modo que no incluyen las sentencias a muerte dictadas por juicios justos. Esto se desprende del mandato del relator especial de la ONU para este tema, establecido por primera vez en 1982.

Es decir que el asesinato de civiles para hacer pasar a las víctimas como bajas en combate es apenas una forma muy específica de ejecución extrajudicial. El término también cubre, por ejemplo, los homicidios selectivos de líderes sociales y políticos o las muertes provocadas por exceso de fuerza en protestas. De hecho, el Estado no siempre es el perpetrador. Un informe del relator especial de la ONU para este asunto, Brace Waly Ndiaye, en 1995, por ejemplo, les adjudicó a las guerrillas y sus milicias urbanas la autoría del 30 por ciento de esas ejecuciones.

Este tipo de ejecuciones en Colombia empezaron a preocupar a la comunidad internacional desde la década de 1990. En 1992, Ndiaye dijo que un “gran número de muertes fueron causadas por el empleo excesivo y arbitrario de la fuerza por agentes estatales”. Entre los casos a los que se refería había masacres de poblaciones y asesinatos de líderes políticos o sociales que el Ejército consideraba colaboradores de la guerrilla.

En 1993, el mismo relator le pidió explicaciones al gobierno de César Gaviria por varias decenas de casos. Al año siguiente visitó el país y en el informe al respecto, que presentó en 1995, denunció que en Arauca se estaba presentando la estrategia de encubrimiento que mucho más tarde pasaría a ser conocida como los ‘falsos positivos’. Estos casos “llamaron la atención” de la alta comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Louis Arbour, en 2005 y para 2006 ya eran considerados una modalidad mayoritaria.

¿De dónde salió el término ‘falsos positivos’?

El término ‘falsos positivos’ surgió apenas en 2006. Era utilizado para referirse a los montajes de atentados por parte de agentes del Estado para culpar de su planeación a grupos armados ilegales y cobrar los réditos de su desactivación, sobre todo en los días previos a la segunda posesión presidencial de Álvaro Uribe. El fiscal general de ese entonces, Mario Iguarán, también utilizaba la expresión en se sentido.

En medio del debate por ese escándalo, el senador Gustavo Petro, en ese entonces integrante del Polo Democrático, denunció que los puntajes de evaluación de resultados por ‘positivos’ en el Ejército se estaban traduciendo en muertes de inocentes y no solo en montajes de atentados. “Falsos positivos del ejército dejan varios muertos”, fue el titular de Caracol Radio. Es la relación más antigua que Colombiacheck encontró entre esos asesinatos y la expresión tan conocida hoy en día.

Este significado definitivo solo tomó fuerza dos años más tarde. El caso de Soacha fue el que partió la historia. “¿Falsos positivos mortales?”, se preguntaba la revista Semana en septiembre de 2008. También a partir de entonces empezó la confusión de los términos.

El reportaje contaba “750 investigaciones por ejecuciones extrajudiciales”. Desde el año anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había reportado 726 y Acnudh había dicho que “en la mayoría de estos casos, repitiendo el patrón de años anteriores, las víctimas de los homicidios fueron presentadas como integrantes de grupos guerrilleros o de otros grupos armados ilegales abatidos en combate”.

La CCEEU reconoce en uno de sus informes sobre el tema que, “a pesar del origen periodístico de esta noción [la de ‘falsos positivos’], la cual fue inicialmente rechazada como imprecisa por organizaciones de derechos humanos y de víctimas, ha entrado con fuerza en el lenguaje de organismos internacionales, especialmente en los informes preliminares de la Fiscalía de Corte Penal Internacional que la incluye como unas de las categorías de los crímenes objeto de su observación en el caso colombiano”.

La CPI, Acnudh, la CIDH y los relatores especiales la ONU Philip Alston (que visitó el país en 2009) y Christof Heyns han reportado múltiples cifras desde entonces. En la mayoría de los casos se han basado en los datos de la Fiscalía, aunque también han citado a la Coordinación y al Cinep, entre otras fuentes menos frecuentes.

¿Cuántos son, según la Fiscalía?

El informe que la Fiscalía le entregó a la JEP se refiere a “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”. Según el título (pues el contenido es reservado), esa es la definición de ‘falso positivo’ en la que se basó la entidad para elaborar el documento en el que contó 2.248 víctimas.

Pero en años anteriores la Fiscalía ha reportado cifras muy distintas, que han sido citadas y utilizadas sobre todo por organismos internacionales, incluso para hacer sus propios cálculos. Además, la citada publicación de la CCEEU ya había identificado al menos dos definiciones diferentes del concepto por parte de la Fiscalía en 2016. De hecho, los términos usados en cada informe también varían.

Acnudh calculó 3.000 víctimas en 2011 con base en el número de investigaciones que llevaba el ente acusador y los procesos activos, teniendo en cuenta que un “número incierto” permanecía en la Justicia Penal Militar (JPM). Cuatro años después planteó un estimado de 5.000 a partir de “cifras no exhaustivas” de su Unidad de Derechos Humanos. Pero en su informe de este año se quedó con el dato que esta le dio a la justicia transicional.

También partiendo de la Fiscalía, la CIDH habló en 2009 de 1.155 posibles víctimas; en 2010, de 2.103 “personas protegidas” presuntamente asesinadas por la Fuerza Pública; en 2016, de 4.475 “ejecuciones extrajudiciales” (las organizaciones sociales decían que eran 5.993) y en 2017 retrocedió a “3.185 víctimas únicas y 645 víctimas clasificadas como personas no identificadas” de “falsos positivos”, datos tomados del balance final de Eduardo Montealegre como fiscal general.

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), en su informe preliminar de evaluación sobre Colombia en 2012, también retomó datos de la entidad que hablaban de 2.896 posibles víctimas en los casos que entonces estaban bajo investigación; en 2015, de más de 3.000 casos y en 2016, de 4.190 víctimas. La ONG Human Rights Watch (HRW), entre tanto, había citado la cifra de 3.700 casos en 2014, algunos con más de una víctima.

Ante la diversidad de números con el mismo origen, Colombiacheck le consultó a la Fiscalía las razones de la variación, en especial con relación al informe entregado a la JEP. La respuesta de la Unidad de Derechos Humanos de la entidad, según su jefe de prensa, Luis Antonio Páez, fue que los datos de este último trabajo “no son comparables” con los de años anteriores. “Una cosa es la administración pasada y otra es este documento que se hizo ahora, que ya tiene una información muchísimo más detallada”, explicó.

¿Cuántos son, según las organizaciones sociales?

La CCEEU también comparó las diversas definiciones que el Cinep, Alston, la CIDH, Acnudh y la CPI habían hecho de esa modalidad de crimen hasta 2016 y aclaró su diferencia con la categoría general de las ejecuciones extrajudiciales. El resultado fue su propia descripción de ‘falsos positivos’:

“Homicidios intencionales e ilegítimos llevados a cabo por agentes estatales, presentados y registrados por la fuerza pública como resultados positivos en el marco de operativos militares y operaciones policiales de control del orden público, haciendo pasar a dichas personas como si hubieran muerto en combate o enfrentamientos con la fuerza pública, o en otros casos como si fueran miembros de organizaciones ilegales. Bajo este concepto también podrían ser considerados los casos de personas muertas fuera de combate, asesinados en estado de indefensión o rematados luego de haber sido heridos, y que por esa circunstancia, eran ya personas protegidas por la normatividad humanitaria, pero que fueron presentados falsamente como si hubieran muerto en combate, legalizando su muerte como un resultado exitoso de las operaciones militares”.

Pero mientras la JEP afirmó, al abrir el caso, que en la base de datos que le suministró la CCEEU aparecen 1.257 víctimas, el coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de esta organización, Alberto Yepes, señaló que “pudo haber un error de digitación” porque “nosotros no dimos esa cifra”. Por el contrario, insistió en que van cerca de 6.600 víctimas como mínimo.

En cuanto al Cinep, en su banco de datos están registradas al menos 1.741 víctimas de ‘falsos positivos’ desde los ochenta hasta 2011, según el auto de la JEP. Ese año, su revista Noche y Niebla publicó el especial ‘Deuda con la humanidad 2’, dedicado a este tipo de casos. Este contiene una cronología con los 951 que había contabilizado hasta entonces, algunos con más de una víctima.

Su coordinador, el padre Javier Giraldo, los definía como “una modalidad específica del crimen de ejecución extrajudicial, en la cual se utiliza un mecanismo ficticio para obviar la antijuridicidad del acto, recurriendo a la única circunstancia en que la eliminación de vidas humanas puede evadir su condición de acto punible: cuando se mata en medio de un combate o enfrentamiento armado, enfrentando a otro actor armado que está atentando simultánea y positivamente contra la propia vida; en otros términos, cuando se mata ‘en legítima defensa’”.

No obstante, la CCEEU advierte en su análisis de definiciones que el Cinep “incluye también casos no directamente relacionados con el conflicto armado, aunque aquí el elemento determinante es que hubieran sido falsamente presentados y ‘legalizados’ como muertos en enfrentamientos con agentes estatales”. Pone como ejemplos los homicidios de Cristian Cabrera y Sócrates Osorio, asesinados por la Policía en 2015 y acusados respectivamente de ser un ladrón y un traficante de drogas que habían disparado contra los agentes.

¿Pueden ser 10.000?

Como ya se vio, incluso las estimaciones más pesimistas luego del escándalo a duras penas llegaron a las 5.000 víctimas. Pero Yepes afirma que sí podrían ser 10.000, porque en las cuentas de la CCEEU “faltan los N.N. y casos que nunca fueron investigados por la justicia ordinaria, que están en la Justicia Penal Militar”.

La cifra llegó a los titulares de medios como la emisora Blu Radio y el portal Pulzo en 2018, luego de que el diario británico The Guardian la sacó del libro ‘Ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 2002-2010’, escrito por el coronel (R) de la Policía y sociólogo Ómar Rojas con el historiador Fabián Benavides. La obra les atribuye el dato a “proyecciones de expertos y victimarios” al tiempo que cita otras cuentas mucho más bajas de la misma CCEEU (5.763) y la Fiscalía (4.475).

El supuesto papel encubridor de la JPM que justifica el escandaloso cálculo ha sido negado por el Estado. Por ejemplo, ante la CIDH en 2015, el Gobierno desestimó las denuncias de organizaciones sociales que demandaron la ampliación del fuero penal militar porque permitió el paso a esa jurisdicción de expedientes contra la Fuerza Pública por homicidio. El entonces embajador ante la OEA, Andrés González, sostuvo que entre ellos no había casos de ‘falsos positivos’.

¿Ya dejaron de ocurrir?

Aunque son menos, la CCEEU y el Cinep siguen denunciando la ocurrencia de nuevos casos de ‘falsos positivos’. La comunidad internacional dice que las ejecuciones extrajudiciales todavía son un problema en Colombia, pero con nuevas modalidades. En todo caso la continuidad del fenómeno es otro tema de debate entre las fuentes.

A finales de marzo pasado, La Liga contra el Silencio publicó un reportaje sobre un posible caso ocurrido apenas tres semanas antes en el sur de Bolívar. Murió un joven de 18 años. Según la comunidad, fue por disparos del Ejército contra las personas que estaban en una cancha de fútbol y al fallecido lo habían acusado luego de ser guerrillero. Las Fuerzas Militares dijeron que los civiles habían quedado en medio del fuego cruzado en un enfrentamiento contra el ELN y que la víctima mortal, José Sánchez, nunca fue presentada como baja del grupo armado ilegal.

El informe más reciente de Acnudh sostiene que hubo 11 posibles casos de ejecuciones extrajudiciales en 2018 (seis fueron a manos de la Policía y cinco, del Ejército); también, que estas prácticas se han reportado ya por tres años consecutivos en Arauca y Norte de Santander. El Gobierno respondió con una carta, revelada por el noticiero CM&, en la que el ministro de Defensa, Guillermo Botero, le asegura a la alta comisionada Michelle Bachelet que “cuatro de los cinco hechos ocurrieron durante combates y los muertos portaban fusiles y prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares”.

En años anteriores, esa oficina de la ONU había dicho que los atentados contra la vida de civiles por parte de la Fuerza Pública persistían como problema en general. Sin embargo, aseguraba que no había recibido nuevas denuncias con las características de los ‘falsos positivos’ sino que habían surgido nuevas modalidades (ver línea de tiempo).

La CCEEU y el Cinep, en cambio, han denunciado la continuidad del fenómeno. La primera lo hizo ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en 2016, cuando reportó que en 2015 había habido 65 ejecuciones extrajudiciales, incluyendo 16 ‘falsos positivos’.

El Cinep, en el banco de datos de su revista Noche y Niebla, ha registrado 64 casos posteriores a su cronología de 2011, que han dejado 173 víctimas. En el más reciente murieron Silvia Juvenal y Jefferson Monroy, el 27 de mayo de 2018 en La Montañita, Caquetá. Es el ‘falso positivo’ número 848 desde 2001 y van al menos 1.044 desde 1984 en los anales de esta organización.

¿Qué se espera de la JEP en este caso?

La competencia de la JEP es sobre los casos ocurridos antes de la firma del Acuerdo del Teatro Colón. Cualquier posible ‘falso positivo’ después de noviembre de 2016, como los que denuncian el Cinep y la CCEEU, está fuera de su alcance. Pero si en algo están de acuerdo todas las fuentes es en que el periodo más crítico fue el gobierno Uribe, en especial entre 2004 y 2008, y así lo expresó también la Sala de Reconocimiento al abrir el proceso.

La jurisdicción ya ha acreditado a más de 30 víctimas para intervenir en él. Además, hasta finales de febrero, 55 militares ya habían comparecido ante la JEP por los hechos del caso 003. Entre ellos el general (R) Mario Montoya, comandante del Ejército durante los años con mayor cantidad de ‘falsos positivos’ y señalado por el director de HRW, José Miguel Vivanco, de tener “una carrera militar marcada” por esa práctica desde que estuvo al frente de la Cuarta Brigada y la Primera División.

La representante legal de las Madres de los Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (Mafapo), Jacqueline Castillo, tiene dudas sobre la intención de los comparecientes de contribuir a la verdad. Sin embargo, asegura que “con uno solo que hable, todos empiezan a caer”.

El investigador Gabriel Ignacio Gómez, docente de la Universidad de Antioquia y doctor en Estudios de Justicia, coincide con ella en la importancia de la colaboración. “El hecho de que haya confusión en las cifras es un síntoma de lo delicado que es el problema. La dificultad de estos casos es de orden probatorio, es decir, la documentación y el soporte. Las declaraciones de los agentes de la Fuerza Pública serían muy valiosas para el esclarecimiento de la verdad”, concluye.

Según la vocera de Mafapo, “si las cosas se dieran a través de la JEP, las cifras podrían aumentar muchísimo más”. ¿Cuánto? “Más de los 10.000 casos”, pronostica con base en la cantidad de cuerpos que las integrantes de la organización han visto como N.N. en las fosas de donde han podido recuperar los restos de sus hijos, asesinados por el Estado para presentarlos como bajas legítimas. Por ahora, hay que esperar.

Martes, 04 Diciembre 2018

¿Qué es la Comisión de la Verdad?

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

Acaba de comenzar el mandato de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. A partir del 29 de noviembre arrancó su carrera contra el tiempo y el olvido. Pero, ¿qué es exactamente la comisión?, ¿cuáles son propiamente sus funciones? y ¿por qué son importantes?

“La historia de muchos países, incluido Colombia, muestra que ignorar el pasado mantiene las heridas abiertas y alimenta el desprecio por la vida”, es la respuesta que da la misma Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) en su página oficial a la pregunta “¿La verdad abrirá más las heridas?”.

La búsqueda de la verdad, por su parte, es un derecho internacionalmente reconocido que contribuye a la creación de un registro histórico y que impide la negación de los hechos de violencia.

“Al dar más información a las víctimas sobre los hechos sufridos (la suerte de los desaparecidos o la razón de que algunos grupos fueran blanco especial de la represión), puede ayudarles a cerrar esa etapa”, de acuerdo con el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICJT por sus siglas en inglés).

Por esta razón, tras un conflicto interno de más de 50 años, se creó en Colombia una instancia que, por un tiempo limitado, asume la tarea de indagar por las condiciones que hicieron posible el conflicto y, con sus hallazgos, transformar esa verdad en memoria y reconciliación.

Colombiacheck, en un capítulo más de sus artículos explicativos, decidió resolver las preguntas más básicas alrededor de la Comisión de la Verdad en aras de contribuir a un debate informado. Pero también, buscando mantenerlo abierto, dejamos al final una dirección de correo electrónico a la cual pueden enviarnos nuevas preguntas, suministrarnos nuevas fuentes o pedirnos aclaraciones, en caso de ser necesario.

¿Qué es una comisión de la verdad?

Las comisiones de la verdad son organismos oficiales (de los gobiernos), no judiciales y de vigencia limitada, que se constituyen para esclarecer hechos, causas y consecuencias de períodos de violencia masiva, de acuerdo con la ICTJ.

En un artículo publicado por Razón Pública, el profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana​ Gustavo Salazar explica que la primera de estas comisiones fue constituida en Uganda en 1974 para esclarecer las desapariciones cometidas por el gobierno a partir del 25 de enero de 1971. Desde entonces han sido creadas casi 50 comisiones de la verdad y en nuestro continente son reconocidas las de Argentina, Chile y El Salvador.

¿Qué busca?

Según el artículo de Salazar, una comisión de la verdad tiene entre sus objetivos: 

  • Evitar la negación de sucesos violentos o el olvido de sus responsables. 
  • Determinar los contextos históricos y sociales que dieron pie y sustento a esos sucesos. 
  • Proteger, reconocer y dar poder y voz a las víctimas y sobrevivientes, reafirmarlos como sujetos de derechos y alentar el reconocimiento y la solidaridad de todo el país.
  • Reconocer violaciones masivas de derechos humanos cometidas por Estados supuestamente democráticos

“Las comisiones de la verdad, independientes y eficaces, se han convertido en parte fundamental de las iniciativas de justicia transicional en todo el mundo”, dice la ICTJ.

¿Todos los procesos de paz han tenido, en su implementación, una comisión de la verdad?

No todos, según Borja Paladini, representante en Colombia del Instituto Kroc, la única organización que compara la implementación de los procesos de paz en el mundo.

“Solo algunos hacen uso de la comisión de la verdad y Colombia es el primer caso en donde hay un sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición”, dice Paladini.

Según Paladini, se tiene justicia con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); verdad con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos; reparación con las reparaciones individuales y colectivas previstas en la Ley de Víctimas, y no repetición con la implementación del acuerdo, en general, y las medidas de seguridad, protección y atención a temas estructurales del conflicto, en particular. 

Lo que ha pasado en otros casos del mundo, de acuerdo con Paladini (ya que el instituto que él representa le ha seguido la pista a 35 procesos de paz en los últimos 40 años), es que se prioriza la verdad sobre la justicia o la justicia sobre la verdad. O, en el peor de los casos, no hay ninguna. “A Colombia hoy la está mirando el mundo porque es el primer caso en donde, en teoría, se crea un sistema integral”, concluye Paladini.

¿Cómo nace la Comisión de la Verdad de Colombia?

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición fue creada de conformidad con el Acuerdo Final entre el Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

Está consignada en el acuerdo cinco (5.1.1.1), sobre las víctimas, “que hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición acordado para satisfacer los derechos de las víctimas, terminar el conflicto y alcanzar la paz”, de acuerdo con el tercer informe de verificación de la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia para los Verificadores Internacionales, creado por la Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación. 

“El concebir la justicia restaurativa como el eje del modelo de justicia transicional a desarrollar, y el privilegiar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición, significaba la creación de un mecanismo que diera cuenta de estos derechos, al tiempo que permitiera brindar seguridad jurídica a los comparecientes”, según explica Vera Samudio, investigadora del Cinep.

¿Y qué es exactamente?

La Comisión es una institución del Estado colombiano, de rango constitucional, autónoma e independiente. Debe rendir cuentas a la ciudadanía cada seis meses. Trabaja de la mano de todas las instituciones para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad colombiana.

Y debe ser entendida, según Samudio, como el mecanismo encargado de dar cuenta del derecho a la verdad de las víctimas, en el que se pueda construir una explicación compleja e integral del conflicto armado, se escuchen las voces de quienes padecieron los crímenes en procura de su sanación, se identifiquen responsabilidades colectivas y donde los responsables reconozcan sus acciones delictivas y pidan perdón a las víctimas. 

¿Cuáles son sus objetivos?

Según el el decreto 588 de 2018 que crea la comisión, la CEV tiene tres grandes objetivos:

  1. Contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto
  2. Promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas como ciudadanos y ciudadanas que vieron sus derechos vulnerados y como sujetos políticos de importancia para la transformación del país. Pero también el reconocimiento de las responsabilidades por parte de todos los que participaron en el conflicto. 
  3. Promover la convivencia en los territorios; la creación de un ambiente transformador que permita la resolución pacífica de los conflictos y la construcción de la más amplia cultura de respeto y tolerancia en democracia. 

En general, “la CEV deberá aportar a la construcción de una paz basada en la verdad, el conocimiento y reconocimiento de un pasado cruento que debe ser asumido para ser superado”, sentencia el decreto.

En términos prácticos, ¿qué hará?

“Escuchar a víctimas, responsables y testigos del conflicto armado de todos los sectores, regiones y condiciones sociales en el país para lograr un relato amplio y comprensivo de los hechos y contextos que explican medio siglo de guerra”, responde la página oficial de la Comisión. 

A la CEV pueden acudir todas las personas, organizaciones, empresas e instituciones que consideren que pueden contribuir con información (testimonios, bases de datos, archivos y documentos) que ayude al esclarecimiento de las formas de violencia y sus impactos.

Y al final, las conclusiones que entregue la CEV quedarán consignadas en el informe final, que de acuerdo con una entrevista que le dio Marta Ruiz (integrante de la Comisión) a Colombia 2020, entregarán seis meses antes de finalizar el mandato de la comisión. Este documento será de carácter histórico, ético y humano y tiene el propósito de dejar sentadas las bases de la no repetición.

¿Quiénes la integran?

Once comisionados; entre los que se cuentan defensores de derechos humanos, economistas, periodistas e investigadores. Estarán acompañados por un equipo interdisciplinario para hacer presencia en nueves regiones del país y a través de grupos móviles recogerán testimonios de todos los sectores. 

El presidente de la comisión es el padre Francisco de Roux. Colombia 2020 publicó un perfil de cada uno de los comisionados. 

¿Cuándo empieza sus funciones?

El 8 de mayo de este año, cuando el expresidente Juan Manuel Santos posesionó a los comisionados, se creó formalmente la Comisión. A partir de ese día arrancó un tiempo previo de seis meses, establecido por el decreto 588 de 2018, “para preparar todo lo necesario para su funcionamiento”, según dice la norma. 

Terminados esos seis meses, el 29 de noviembre inició el mandato de la Comisión de la Verdad.

¿Cuánto tiempo dura su mandato?

El mismo decreto establece un periodo de tres años. Tras la culminación de su periodo se instalará un comité independiente para hacer seguimiento a las recomendaciones hechas por la CEV en el informe final, según explica la investigadora del Cinep.

¿Qué diferencia hay entre la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz?

La Comisión de la Verdad es una entidad de carácter extrajudicial, es decir que sus actividades no tendrán carácter judicial, ni servirán para la imputación penal ante ninguna autoridad jurisdiccional. No juzga ni pone penas.

La JEP, por su parte, es el componente de justicia y fue creada para satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación, según información suministrada en la página oficial de la entidad.

No obstante, la CEV trabajará de manera coordinada con la JEP y con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, dado que hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación.

¿La CEV puede ‘compulsar copias’ de sus hallazgos a la JEP o a la justicia ordinaria?

No, según el decreto 588 de 2018 “la información que reciba o produzca la CEV no podrá ser trasladada por ésta a autoridades judiciales para ser utilizada con el fin de atribuir responsabilidades en procesos judiciales o para tener valor probatorio, ni las autoridades judiciales podrán requerírsela”.