El discurso del Gobierno se apoya en datos descontextualizados, imprecisiones financieras y premisas cuestionables sobre la producción judicial y el control administrativo del tribunal transicional.

Aunque han buscado deslegitimar la decisión judicial, vinculándola a una supuesta represalia política por la reciente protesta de exmilitares contra el gobierno, el caso tiene otro trasfondo.