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Jueves, 15 Julio 2021

Los indígenas Awá viven secuestrados en su territorio

Por La Cola de Rata y La Liga Contra el Silencio

Entre 2018 y 2020 la Defensoría del Pueblo emitió cuatro alertas tempranas debido a la violencia en Tumaco y el Pacífico nariñense. Esta comunidad, una de las más afectadas por las disputas entre grupos armados, ha padecido confinamientos, amenazas, desplazamientos masivos y más de 40 asesinatos en los últimos 18 meses.

Por Gualtal, una vereda de Tumaco, Nariño, está prohibido transitar con la ventanilla cerrada. El vidrio debe ir abajo para que el informante o el “campanero” de la zona puedan identificar a quienes circulan por la zona. Son órdenes de uno de los grupos armados que se disputa la zona, y que puede castigar con balazos al infractor. Ubicado a media hora del río Mira y a pocos kilómetros de un batallón del Ejército, Gualtal es un caserío que a simple vista parece abandonado y que se encuentra al borde de la vía militarizada que conecta Tumaco con Pasto. 

En el último trozo del mapa, donde el Pacífico se encuentra con la selva, hombres armados decretan horarios de circulación, siembran minas antipersonales, destierran profesores, declaran objetivo militar al gobernador indígena que no se les subordine y pagan un millón o dos millones de pesos a los jóvenes para reclutarlos, cuentan varios líderes indígenas entrevistados. 

Uno de estos grupos amenazó a los agentes de tránsito. Desde entonces no volvieron a hacer retenes, ni a pedir documentos, ni a inmovilizar vehículos en Llorente, un corregimiento cercano. “Aquí se consigue de todo. Y de lo que no hay, le consiguen”, dice un guía de la zona. Allí, el 11 de agosto de 2020, balearon a Javier Cortés Guanga, defensor de derechos humanos y gobernador del resguardo Awá Piguanbí Palangala de Tumaco, adonde solo puede ir dos veces al mes después del atentado. Algunas comunidades allí viven confinadas, y condenadas por su cercanía a los ríos Guisa y Nulpe, que desembocan en el océano entre Colombia y Ecuador. 

Durante el último año y medio, 43 autoridades, líderes, guardias y comuneros indígenas Awá han sido asesinados. La Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) ha registrado más de 200 líderes amenazados, y desplazamientos masivos en siete resguardos; cuatro de ellos en Tumaco y tres en el municipio vecino de Barbacoas. 

“En el territorio no se puede vivir. Hay mucha amenaza, mucha muerte y muchas necesidades”, dice Rider Pai, consejero mayor de la organización que agrupa a los pobladores ancestrales de la costa nariñense. De ellos quedan casi 25.000, dispersos entre Samaniego, Roberto Payán, Ricaurte, Barbacoas y Tumaco, donde hay 16 resguardos legalmente constituidos. “No sabemos después de este cuarto congreso cuántos iremos a caer”, dice Henry Marín, exconsejero de derechos humanos de la Unipa, refiriéndose al congreso realizado a inicios de junio para renovar las consejerías de la organización.

En el Auto N° 004 de 2009, la Corte Constitucional aseguró que los Ingal-Awá, la “gente de la montaña”, estaba en riesgo de exterminio físico y cultural por el conflicto armado y por el incumplimiento “grave de los deberes de prevención y protección” del Estado colombiano. La Corte ordenó implementar planes de salvaguarda étnica para los Awá y otros 33 pueblos indígenas. Doce años después, su situación socioeconómica y humanitaria sigue igual o peor. 

Según la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), 14 grupos armados se disputan el Pacífico en Nariño; 10 de ellos en Tumaco: el ELN, las Guerrillas Unidas del Pacífico, los Marihuanos, la Gente del Orden, el Clan del Golfo, el Frente Óliver Sinisterra, el Bloque Occidental Alfonso Cano, el Frente Iván Ríos, los Contadores y emisarios del Cártel de Sinaloa. Según PARES, los grupos están conformados por antiguos paramilitares, exintegrantes del Frente 29 y la Columna Móvil Daniel Aldana de las FARC que no se desmovilizaron. La Policía asegura que estos grupos funcionan como “redes de apoyo al terrorismo”: jóvenes sin ideología que se venden para ejecutar cualquier acto ilegal. 

Tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, PARES identificó “la emergencia de numerosos ‘capos’ o ‘pequeños jefes’ del narcotráfico que intensifican la exportación ilegal de cocaína mediante lanchas rápidas y semisumergibles”. Esto diversificó el control de los centros donde se acopia la droga y su envío al exterior, fortaleció a las bandas criminales que se disputan su participación en el negocio.

En un estudio sobre las dinámicas territoriales del conflicto armado antes y después del Acuerdo de Paz, el Instituto Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ) atribuye la proliferación de estructuras criminales a la localización geográfica de Tumaco: la franja más angosta de nuestro sistema andino, entre la Amazonía y el Pacífico, con ríos navegables y salida al mar, en una zona fronteriza sin control institucional y con poca información disponible, donde fueron secuestrados y asesinados tres miembros de un equipo periodístico del diario El Comercio, de Ecuador, en 2018. “El Estado colombiano no ha sabido entender esta región, mientras que los actores ilegales sí lo han hecho, poniendo las ventajas geoestratégicas al servicio de sus objetivos criminales”, indica CAPAZ. 

Son cuatro los corredores en disputa que ha identificado esta organización. El primero es el río Mira, cuyo último tramo cruza el Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera antes de desembocar en el Pacífico. Luego los ríos Rosario, Mejicano y Chagüi, junto a la ensenada de Tumaco. Después la vía Panamericana, que comunica a Llorente con Tumaco. Y por último los ríos Telembí y Patía, que también desembocan en el mar. 

Sobre el casco urbano de Tumaco existe un interés particular sobre las rentas de la extorsión, el control de los insumos que van del puerto a la zona rural, y la cooptación de los lancheros y pescadores que transportan el clorhidrato de cocaína. 

Con la desmovilización de las FARC, según varios entrevistados, la confrontación disminuyó. “Pensábamos que el país iba a cambiar. A diario encontrábamos muertos en el río. Al firmar el proceso, eso se perdió. No escuchábamos tiros ni helicópteros. Estaba muy bonito”, dice Jaime Nastacuas, exsecretario general de la Unipa y habitante del resguardo Hojal La Turbia de Tumaco. 

El acuerdo no se acompañó con inversión social ni gobernanza institucional, y lo poco que se implementó, por ejemplo el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), no solucionó las angustias de los entrevistados. En Tumaco 16.524 familias se inscribieron en el programa. De ellas, casi el 73 % había recibido la totalidad de los pagos ofrecidos por la institucionalidad como parte de la “asistencia alimentaria inmediata”. En todo el departamento de Nariño solo 1.407 familias inscritas en el PNIS contaban con proyectos productivos implementados. Los datos son del informe de seguimiento de la ONU, con información hasta diciembre de 2020. Es decir, la mayoría de las familias no cuenta con proyectos ni opciones reales de sustitución voluntaria. 

Muchos beneficiarios del programa gastaron el dinero o vendieron las gallinas que les regalaron. Otra parte de los recursos cayó en manos equivocadas. “Aquí vino gente de Pasto a cobrar [subsidios del PNIS]”, dice el guía. Las reservas del Presidente y el Centro Democrático hacia el acuerdo acentúan su descalabro. “El gobierno firmó fue la muerte de campesinos, negros, indígenas, soldados y policías”, dice Eduardo Marín Taicus, habitante del resguardo Pinguambi Palangala de Tumaco. 

Los nombres de los grupos y sus dinámicas bélicas han cambiado, pero la violencia permanece. A los Awá les preocupa la cantidad de grupos, y lo difícil que resulta distinguirlos. Además, no hay interlocutores de mando con quienes hablar, como hacían las comunidades cuando el territorio estaba controlado por las FARC. “El tema es que esta gente no tiene escrúpulos. Hoy asesinan delante de las esposas y de los hijos”, dice Javier Cortés Guanga. “Con la desmovilización de las FARC puedo decir que hay más peligro que antes”, manifiesta un líder del resguardo Ñambí Piedra Verde de Barbacoas, quien ha padecido amenazas y atentados, y cuyo nombre se omite por seguridad. “Ahorita no sabemos qué actor se mueve por el territorio. Todos los días sacan diferentes nombres. Aquí están matando mucha gente. Al campesino lo matan y lo entierran como el perrito, y nadie dice nada”, asegura Jaime Nastacuas. Según Medicina Legal, desde 2017 Tumaco se ha acercado o ha superado los 200 homicidios cada año. En el municipio más violento de Nariño se cometieron 153 homicidios en 2016 y 193 en 2020. 

Hasta el 30 de junio de este año, el Registro Único de Víctimas reportó 178.788 habitantes de Tumaco como víctimas de algún hecho. La mayoría de la población vive en el casco urbano: dos islas de concreto y palafitos ganadas al mar, sin alcantarillado, apenas surtidas de agua cada martes y jueves por un carrotanque. Pero el casco urbano de Tumaco representa menos del 10 % del territorio. El resto es selva y ríos donde se cobija la ilegalidad. 

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito define a Tumaco como un enclave nacional de la coca, donde se concentra una alta cantidad de cultivos. Como el municipio costero comprende más territorio que soberanía, permite sembrar con facilidad la planta, procesarla, movilizar y embarcar la droga hacia el exterior. Toda la cadena en un solo sitio. 

En los resguardos conocieron la fiebre de la cocaína en los 90. La coca y sus males se sigue multiplicando porque, según el exsecretario Nastacuas, en algunos resguardos los Awá venden cinco hectáreas por 100 millones de pesos a “finqueros” de Putumayo, Caquetá, Pasto y otros municipios vecinos.  

Los compradores se hacen con la tierra, deforestan, siembran coca y después de tres o cuatro cosechas venden la tierra a otro finquero. Los Awá, explica Jaime Nastacuas, pasan de dueños a peones, y el dinero de la venta se esfuma. “Después quedan en la calle tirados y no sabemos qué hacer con ese problema”, cuenta. 

Un resguardo puede medir entre 594 y 28.000 hectáreas. La gente “llegadera”, dice Eduardo Marín Taicus, siembra hasta 200 hectáreas de coca, y los Awá también la cultivan en sus resguardos. “Dos o tres hectáreas para el sancocho de los hijos, y poder educarlos”, explica Taicus. Claudia Jimena Pai, exconsejera de Mujer y Familia de la Unipa, amenazada en 2016 cuando fue fiscal del resguardo Chiringuito Mira, sobre la frontera fluvial que separa Tumaco de Ecuador, agrega que los “llegaderos” y los grupos armados se apropian de los baldíos: hectáreas que los Awá consideran propias, pero que no están legalmente incluidas en los resguardos. 

Hoy Tumaco tiene más coca que hace diez años. En el Pacífico, una región donde la ONU agrupa a Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó, está la tercera parte de toda la coca colombiana: 57.897 de las 154.000 hectáreas totales, según el último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El 9 % de la coca que hay en la costa del Pacífico está sembrada en resguardos indígenas. En el informe de 2020, Tumaco se acercaba a las 9.500 hectáreas. Tibú (Norte de Santander), El Tambo (Cauca) y este municipio costero de Nariño sumaban la cuarta parte de todos los cultivos del país. La rentabilidad del negocio se había incrementado, dijo la ONU. En el adelanto del nuevo informe, el organismo internacional dice que el país redujo el número de hectáreas cultivadas a 143.000, pero elevó su producción de cocaína. 

Para la Fundación Paz y Reconciliación, el gobierno se equivoca al atacar la siembra. Esta estrategia, según la organización, golpea la economía familiar de los campesinos sin oportunidades, pero no afecta a los grandes inversionistas. “Solo se conseguirá que las dinámicas criminales se reciclen, puesto que los narcotraficantes e intermediarios continuarán con la posibilidad de financiar las estructuras armadas que garanticen su negocio”, dice la fundación.

Víctimas de una guerra ajena

Los muertos que produce el narcotráfico son proporcionales a los dividendos que genera. La coca seduce a viejos y jóvenes con su dinero, pues no hay otra actividad que pueda competir en medio de tantas necesidades insatisfechas. Los grupos armados reclutan mano de obra con su oferta de billetes, mujeres, armas y alcohol. “El número de menores actualmente involucrados con grupos armados se encuentra en el nivel más alto desde antes del Proceso de Paz”, dijo la Defensoría del Pueblo al portal InSight Crime

“Hay una vulneración de derechos porque entran sin saber lo que implica”, dice Gabriel Bisbicus, exconsejero de educación de la Unipa. El director del centro educativo del Gran Sábalo, resguardo ubicado entre Barbacoas y Tumaco, sostiene que los jóvenes normalizaron los fusiles y los uniformes camuflados, y no diferencian al Ejército de los grupos armados ilegales. “No analizan que eso va traer problemas a la familia, y a su vida misma. Se dejan llevar como de la emoción, de la ilusión. Luego ya se arrepienten, salen, los matan, o los desplazan; y lleva del bulto la familia. Es muy preocupante”, explica Bisbicus.

En las comunidades de Tumaco y el Pacífico nariñense se preguntan por el paradero de jóvenes que el narcotráfico ha raptado. En Ñambí Piedra Verde, hace tres años, fueron reclutados dos niños de 14 y 15 años. Otros se salvaron porque fueron sacados del resguardo.

Los Awá se sienten secuestrados en su propia casa. Los armados fragmentaron el territorio; cruzar una frontera invisible o transitar por un camino en la noche puede costarles la vida. El control territorial ejercido por la Guardia Indígena para evitar que el covid-19 penetre en los territorios, se suma a lista de razones que desata la furia de los grupos. En el caso del ELN, los milicianos suelen presentarse ante la comunidad vestidos de civil, y se los ve tomando en las cantinas. Los transportadores son obligados a movilizarlos, y matan a cualquiera solo porque se rumora que colabora con otro grupo. “Muchos asesinatos han llegado por la mala información. Hay personas que por ver mal al otro, lo vinculan con grupos armados”, dice el líder de Ñambí Piedra Verde que pidió reservar su nombre.  

El Ejército, según este líder, no brinda protección en los territorios. Se les reprocha el maltrato y la estigmatización de las comunidades que deben convivir y obedecer a los grupos armados. Años atrás señalaban de guerrillero a todo aquel indígena que calzara botas. “Se meten en las casas vacías, en las escuelas, en los sitios sagrados. Cogen las remesas. Si es un plátano o una gallina, se la llevan. Y si vamos por un camino, nos detienen diciendo que somos de grupos armados”, se queja el consejero mayor Rider Pai. 

A la fuerza pública también se la señala de colaborar con algunos grupos. “A veces va el Ejército abriendo camino para que entren los otros. O entran juntos”, dice el gobernador Francisco Javier Cortés Guanga. “Los asesinatos ocurren cerca de donde está la fuerza pública”, agrega el exconsejero Henry Marín.  

La presencia de actores armados, legales o ilegales, pone en riesgo la vida, la autonomía, la unidad y la cultura, pilares de la armonía territorial para los Awá. En sus 31 años de existencia, la Unipa registra más de 800 líderes asesinados, autoridades y comuneros. Claudia Jimena Pai dice que las mujeres dejaron de usar vestidos, pues facilitaba el trabajo de los violadores armados. “El rol de las mujeres era criar a los hijos, transmitir nuestra lengua, nuestro tejido. Cuando muere el esposo por el conflicto armado, ya no se puede dedicar a la crianza, sino que les toca buscar trabajo”, explica la exconsejera. 

La Fiscalía y la Procuraduría, sostiene Claudia Jimena Pai, no han mostrado voluntad de atender las recientes denuncias, ni diligencia para reparar los daños provocados por la reciente crisis humanitaria. La Cola de la Rata y La Liga pidieron a la Defensoría, a la Procuraduría, a la Unidad de Víctimas y al Ejército información sobre las acciones implementadas para mitigar la crisis de los Awá. No hubo respuesta. 

La Secretaria de Gobierno de la Alcaldía de Tumaco respondió que viene trabajando con todas las secretarías y dependencias de la administración para "brindar soluciones a todas las necesidades” de la población Awá. Entre las acciones que adelanta, detalló proyectos de inversión (en fase de estudio) en instalaciones de electricidad, dotación de estanques para proyectos piscícolas, y mejoramiento de algunas escuelas. El monto de la inversión en cuatro resguardos (Santa Rosita, Inda Guacaray, Inda Sabaleta, Piguambí Palangala) supera los 4.000 millones de pesos.

“Mientras cualquier gobierno municipal, departamental y nacional le deje la responsabilidad de desarrollo a la mata de coca, esto no va cambiar”, dice el gobernador Cortés Guanga. “A veces también sentimos frustración nosotros los adultos. Hemos luchado 31 años. Son innumerables las necesidades”, lamenta Gabriel Bisbicus.

En el cuarto congreso de la Unipa era evidente la alegría de los jóvenes cuando bailaban o hacían sonar la marimba y el tambor. Son fugaces los momentos en que viven la vida que quieren, y no la que impone la violencia armada. Aunque tienen una entidad de salud propia, casas de paso para los desplazados y talento para las artes, la Unipa no logra evitar el sufrimiento de los Awá: todavía algunos mueren de hambre, las mujeres sufren complicaciones en el parto, los resguardos quedan a oscuras por la noche y sus jóvenes se suman al narcotráfico.

Los líderes Awá temen convertirse en las próximas víctimas. “Yo me levanto de mi cama, me encomiendo a Dios, a los espíritus; y me despido de mi familia porque no sé si voy a regresar”, confiesa Javier Cortés Guanga con la voz entrecortada. 

Viernes, 07 Mayo 2021

El Estado colombiano se equivoca de enemigo

Por La Liga Contra el Silencio

Las protestas contra el gobierno de Iván Duque, reprimidas con una violencia policial que ha sido condenada por varios países y organismos internacionales, han estimulado un discurso oficial que repite viejas explicaciones para señalar como responsables a grupos criminales. Con etiquetas como “terrorismo urbano” o “vandalismo extremo” se intenta justificar las reacciones excesivas contra los manifestantes.

“¡Ayuda! Están disparando en Siloé. Son las nueve y veinticinco. Nos están disparando”, dice un hombre tembloroso, mientras graba a un grupo que corre. “Nos están matando”, se escucha decir a otro en un video que muestra a personas tendidas en el piso, heridas y sangrantes, entre gritos y confusión.

Estos registros, divulgados en redes sociales, esenciales en la difusión del paro nacional, muestran lo que ocurrió la noche del 3 de mayo en un barrio popular conocido como Siloé, en la comuna 20, al occidente de Cali. Reflejan horas de terror por el uso excesivo de la fuerza policial contra los manifestantes. El saldo: 19 heridos, la mayoría de bala, y tres jóvenes muertos: Kevin Antoni Agudelo Jiménez, Harold Antoni Rodríguez Mellizo y José Emilson Ambuila.

Siloé padece de nuevo la violencia. En 1985 una toma militar que perseguía a una célula del M-19 dejó 17 muertos y 40 heridos, la mayoría civiles.

Durante las protestas que empezaron este 28 de abril, Cali ha sido el epicentro de manifestaciones multitudinarias y pacíficas; pero también escenario de actos de vandalismo y del mayor número de muertes (15 de los 24 reportadas en el país por la Defensoría del Pueblo hasta el 5 de mayo), por los cuales se investiga a la fuerza pública. La ONU ha expresado su preocupación por estos hechos donde, según la organización, “la policía ha abierto fuego contra manifestantes y se han producido muertes y heridos”.

Un día después de los eventos en Siloé, el fiscal Francisco Barbosa anunció desde Cali que un equipo de investigadores logró determinar “que en los desórdenes y hechos vandálicos acontecidos en la ciudad en los últimos días, hay estructuras ligadas al narcotráfico, ELN y a las disidencias de las Farc que operan en el departamento de Cauca”. Una tesis que coincide con lo planteado por el ministro de Defensa, Diego Molano.

Horas después, el presidente Duque –que enfrentó el primer paro en su mandato en noviembre de 2019 cuando Dilan Cruz murió por la acción del Esmad, y en septiembre de 2020, manifestaciones tras el asesinato de Javier Ordóñez a manos de la Policía– extendió estas explicaciones al resto del país. “Una organización criminal se esconde detrás de legítimas aspiraciones sociales”, dijo. “El vandalismo extremo y el terrorismo urbano que estamos observando se encuentra financiado y articulado por mafias del narcotráfico”, agregó. 

El coronel (r) del Ejército Carlos A. Velásquez R., columnista y profesor universitario, no descarta que esos grupos estén involucrados, pero considera que el gobierno les está dando más importancia y capacidad de la que realmente pueden tener en las ciudades. “Si esos grupos tienen el poder de casi paralizar al país: apague y vámonos. Eso es una forma de comunicar muy equívoca para decir que sí están haciendo algo, que saben quiénes son los responsables”, dice.

No es la primera vez que el gobierno de Duque señala a los grupos ilegales. Tras las manifestaciones del 9 y 10 de septiembre de 2020 insistió en la tesis de un “plan premeditado” del ELN y disidencias de las Farc para atacar más de 70 CAIs en Bogotá. Como contó La Liga junto a la Fundación Conflict Responses, CORE, en esta historia, la Fiscalía solo tenía pruebas contra las disidencias en dos casos, y ninguno atribuible al ELN.

Juanita Vélez, investigadora y periodista de CORE, ve en los recientes anuncios del fiscal Barbosa una reiteración de ese discurso sin evidencias. “Sin negar, como lo vimos el 9 de septiembre, que puede haber participación de grupos (...) no puede ser que eso explique todo lo que está pasando”, dice. Para Vélez esa narrativa oficial es peligrosa, porque deslegitima la protesta y la criminaliza. Estima que las manifestaciones responden a un descontento generalizado, en medio de una profunda crisis sanitaria, social y económica producto del covid-19.

“Se volvió costumbre en Colombia, cuando vemos escenarios de graves violaciones a derechos humanos en contextos de protesta, que la excusa del gobierno y de la Fiscalía de este gobierno sea la misma”, señala Franklin Castañeda, delegado de las plataformas de derechos humanos. El resultado de este discurso, según Castañeda, ha sido la impunidad, y que los procesos adelantados por la Fiscalía hayan sido “globos para la opinión pública, y no procesos que se han mantenido en la realidad”.

En el caso de Cali, los señalamientos de la Fiscalía son cuestionados también por otras razones. Juan Manuel Torres Erazo, coordinador de la Estrategia Pacífico de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES Pacífico), dice que es necesario tomar en cuenta que en esta ciudad, atravesada por la pobreza, altos índices de homicidios y segregación racial y social, no hay un solo dueño de las estructuras delincuenciales. “Ahí se les cae esa hipótesis de que son las Farc, el ELN o las disidencias, las que están detrás. Toca hacer un análisis territorial del delito, incluso a nivel de barrios”, dice Torres Erazo. 

El fantasma del enemigo interno

Durante décadas de conflicto armado, la doctrina militar se enfocó en el combate a los grupos ilegales y fue común la estigmatización de la protesta social, con frecuencia vinculadas a las guerrillas y al comunismo. Tras la firma del acuerdo de paz de La Habana, Colombia empezó a perder el miedo y salió a las calles. El país cambió, pero las estrategias de seguridad no. 

La doctrina de seguridad nacional, enfocada en el concepto de “enemigo interno”, tiene que ser reevaluada, una vez desaparecidas las Farc, considera el coronel (r) Velásquez. “No se puede considerar enemigo interno a la oposición (...) Si le dan la categoría de enemigo, la estrategia militar es una, mientras que si se le da la categoría de opositor al gobierno, la estrategia tiene que ser otra”, dice. La estrategia militar, continúa Velásquez, debe incluir un trabajo de inteligencia distinto, que sigue mal enfocado porque no analiza la situación social, especialmente entre los jóvenes. “Prima el orden público sobre la dignidad humana, que incluye la vida de los protestantes y de los policías”, dice.

Mientras crecían las críticas por el uso de armas letales por parte de la Policía durante las protestas, el expresidente Álvaro Uribe escribió en Twitter: “El derecho de soldados y policías a utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”. Además hizo recomendaciones para enfrentar las movilizaciones, y entre ellas mencionó la “revolución molecular disipada”, una teoría difundida por el neonazi chileno Alexis López, quien entiende la protesta “como una de las múltiples caras de una guerra que libra la delincuencia contra la institucionalidad para tomarse el poder y acabar con la democracia”, como explicó La Silla Vacía. Según el medio, López ha sido invitado dos veces a dar charlas sobre la teoría en la Universidad Militar Nueva Granada, donde se forman muchos militares.

“Según esa teoría, hay un enemigo que de alguna manera hay que combatir”, dice Vélez, de CORE. Y cuando desde el poder se usan términos como “terrorismo” equiparándolo a vandalismo “es muy peligroso”.  “Los desmanes que se han dado por más duros que hayan sido no son terrorismo. El uso de esa palabra deslegitima completamente las causas de la marcha y lo que hace es justificar la acción de la policía” que ha ido escalando el uso de la fuerza en comparación con protestas anteriores, concluye Vélez. 

Incluso los militares salieron a las calles por orden de Duque desde el 1 de mayo. 

Sobre lo ocurrido en Siloé y otras zonas de Cali como Puerto Resistencia, Torres, el coordinador de PARES Pacífico, percibe un uso desmedido de la fuerza. “En Siloé, el día que salieron (a protestar), de inmediato tuvieron una respuesta como una salida militar. Sorprendió por la magnitud y por el tratamiento militarista de esa protesta”, dice. Ve un ánimo de confrontación directa sin tomar en cuenta que en barrios como estos hay “mucha hambre”. “Se cree que lo que quieren hacer en Cali es crear un escenario para declarar ley marcial o conmoción interior”, agrega.

Desde el inicio de las protestas, organizaciones como Temblores y la Campaña Defender La Libertad han registrado un creciente número de violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades, con homicidios, detenciones arbitrarias, violencia sexual y lesiones. La Defensoría además ha reportado decenas de desaparecidos.

Sospecha y desconfianza

Entre las denuncias contra la fuerza pública, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos han cuestionado las labores de acompañamiento, vigilancia e investigación de organismos de control como la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, encabezados por personas cercanas al gobierno.

En una carta dirigida a funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 23 organizaciones solicitaron una visita para observar los estándares nacionales de protección de los derechos humanos y señalaron el “comportamiento asimétrico y parcializado” de la Fiscalía y la Procuraduría. También denunciaron que el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, “ha incumplido sus obligaciones de acompañar el ejercicio de derechos en las marchas y sus funciones de garante de los derechos de la población”.

“En este momento en Colombia la democracia es muy frágil, porque fue cooptada por el partido de gobierno (...) No hay autoridades judiciales ni órganos de control. Incluso la información está siendo manipulada y las cifras oficiales o no las entregan o las entregan mal”, advierte Torres. 

A esto se suma que la labor de los defensores se ha visto desbordada y afectada por amenazas, intimidaciones y agresiones de la fuerza pública, como denunció la ONU.

La prensa también ha sido blanco de ataques. Reporteros Sin Fronteras y la Fundación para la Libertad de Prensa denunciaron que entre el 28 de abril y el 3 de mayo han documentado 70 agresiones, incluidos robos y eliminaciones de material, detenciones ilegales, daños a infraestructura, hostigamientos, entre otras. Expresaron, además, “extrema preocupación” por la sistematicidad de los ataques contra la prensa, a pesar de estar debidamente identificada, por parte de la fuerza pública, con el objetivo de intimidar, generar miedo y censurarla.

¿Censura en internet?

Los ataques con armas de fuego y las operaciones con bombas aturdidoras, gases lacrimógenos, tanquetas y helicópteros contra los manifestantes han sido grabados y compartidos en las redes sociales. El momento más dramático fue el registro en directo, el 3 de mayo en Cali, del intento de socorrer al artista Nicolás García Guerrero, alcanzado por una bala, quien luego murió.

La relevancia de las redes y el internet en las protestas ha estado en el corazón del debate en estos días. Diversas dificultades con el acceso a estos medios provocaron denuncias sobre un posible bloqueo de plataformas. La organización NetBlock, basada en Londres y dedicada a monitorear la infraestructura a nivel mundial, alertó el 5 de mayo sobre una interrupción del servicio de internet en Cali.

Andrés Velásquez, investigador del K+Lab, un laboratorio de seguridad y privacidad de la organización Karisma, especializada en derechos digitales, confirma que han recibido muchas denuncias de usuarios que no han podido subir videos o transmitir, o han sufrido el bloqueo de sus cuentas.

La Comisión de Regulación de Comunicación (CRC) pudo corroborar que las interrupciones en el servicio de internet se dieron principalmente por daños en la infraestructura, corte de la red y hurto de cobre, y dificultad en las labores de reparación y mantenimiento de las redes por la situación de orden público. 

A raíz de las denuncias, que también se registraron en ciudades como Bogotá y Medellín en medio de manifestaciones, Karisma recordó la importancia de las tecnologías digitales durante las protestas. La organización pide a las autoridades y proveedores de internet que estén atentos y expliquen estos fallos. A las plataformas les recomiendan establecer mecanismos más flexibles de moderación de contenidos violentos “para evitar que se interrumpan las denuncias legítimas que surgen durante las protestas”. 

“Puede ser que las autoridades a cargo del control de la protesta estén utilizando inhibidores de señal en lugares donde hay especial tensión”, dicen en Karisma. Estas prácticas, según explican, no pueden estar justificadas en ningún caso. “Ni siquiera por razones de orden público o seguridad nacional”, insisten.

Las organizaciones integrantes del Índice de Derechos Digitales también expresaron su preocupación por la “creciente cantidad de denuncias sobre posibles obstrucciones al libre flujo de información en Internet en el marco del paro nacional”.

Los manifestantes, aferrados a las herramientas que tienen disponibles, continúan usando internet como mecanismo de denuncia alrededor de etiquetas que ya se difunden a escala global. Una de ellas resume el ánimo que recorre las calles y las redes: #SOSColombia.