Chequeo Múltiple Chequeo Múltiple Chequeo Múltiple Chequeo Múltiple Chequeo Múltiple Chequeo Múltiple Chequeo Múltiple Chequeo Múltiple
Chequeo Múltiple
La cuenta de Facebook “Llaneros con Cepeda” registrada en Yopal, Casanare, que hace propaganda política a la aspiración presidencial del candidato del partido oficialista Pacto Histórico, publicó varias cifras junto al mensaje “Esto no es ideología… son resultados. Esto es lo que le duele a la oposición. 👉 Que el cambio sí funciona”.
Para comprobar si en efecto 'son resultados', RedCheq verificó los datos que difunde la publicación. De las 10 frases, tres son Verdaderas, cuatro son Cuestionables, dos son Inchequeables y una es Falsa luego de la comprobación de los datos. A continuación vamos pasito a pasito, una a una.

El aumento nominal (que hace referencia al incremento en la cantidad de dinero que se recibe como salario, sin tener en cuenta la inflación ni el costo de vida) es mayor a lo que la publicación alude. Según las fuentes consultadas por RedCheq (decretos presidenciales y el Dane), entre el salario mínimo que recibió el presidente Gustavo Petro en 2022 y el que dejó para 2026 hay un aumento nominal de 75%. El incremento es de $750.905.

Tabla elaborada por RedCheq con el Decreto 1724 de 2021, Decreto 2613 de 2022, Decreto 2292 de 2023, Decreto 1572 de 2024 y Decreto 1470 de 2025.
Leonardo Urrea, economista y magíster en economía de la Universidad Nacional, profesor auxiliar de la misma universidad y estudiante de doctorado en economía de la Universidad de Pittsburgh, señala que: “vale recordar que el último incremento del 23,7% fue suspendido parcialmente por el Consejo de Estado: hoy aplica un decreto transitorio”.
Adicionalmente, la nuez de la publicación o lo engañoso (para ser más exactos) está en el dato de “Salario mínimo para +10 millones de trabajadores”. Según el Dane, en su informe “Productividad Total de los Factores” en la página 31, en Colombia sólo hay 2,4 millones de trabajadores que ganan un salario mínimo. Eso equivale al 10,3% de la población ocupada. Tal como reseña el diario económico La República, la cifra de los 10 millones alude al impacto que incluye a los núcleos familiares de esos 2,4 millones de trabajadores, y no a 10 millones de personas empleadas recibiendo este pago.
Por otra parte, el Ministro de Trabajo Antonio Sanguino afirmó que la medida beneficia a más de 6 millones de trabajadores, porque alcanza a quienes reciben entre 1 y 2 salarios mínimos, además de impactar a soldados, aprendices del SENA y cuotas alimentarias. Esta justificación tiene asidero porque el Código Sustantivo del Trabajo establece que el auxilio de transporte cobija a los empleados que devengan hasta dos salarios mínimos mensuales, un tope que con el ajuste de 2026 llegó a $3.501.810. Asimismo, la indexación del salario mínimo empuja al alza rubros como los aportes a los aprendices del SENA.
En síntesis, aunque la medida irradia beneficios colaterales a subsidios y grupos familiares, asegurar 'salario mínimo para +10 millones de trabajadores' es una exageración de la cantidad de personas que realmente devengan el sueldo básico.
Finalmente, hay que considerar que según el DANE hay 11,38 millones de trabajadores en el país que ganan menos de un salario mínimo y que, más allá del cálculo nominal al que acertadamente hace referencia la publicación, es importante contrastarlo con el dato de inflación que reportó la misma entidad para 2025, de 5,1%. Éste establece cuánto encareció la vida de los colombianos. Teniendo en cuenta esa cifra, el aumento real del salario mínimo para 2026 fue de 17% (distinto al 23% nominal) lo que equivale a $242.946 pesos más para el bolsillo de quienes devengan el mínimo.

El descenso en el desempleo es cierto. Según datos del Dane, en la sección de históricos de la “Gran Encuesta Integrada de Hogares Abril 2026” en la página 28 que revela el panorama de desempleo a nivel desestacionalizado (que es una forma de medición de tasas de desempleo a las que se les han eliminado los efectos estacionales, es decir, cambios que ocurren todos los años en fechas similares) en agosto de 2022 (fecha en la que inició el periodo presidencial Gustavo Petro) la Tasa de Desocupación estaba en 11,1%. En abril de 2026 (fecha de la información más actualizada) el desempleo se situó en 8,7.

Urrea señala que es clave tener en cuenta que aunque el desempleo disminuyó “ la informalidad sigue en 55,6%, más de la mitad de los ocupados sin garantías básicas. Es decir, se está cambiando empleo formal en sectores transformadores por empleo público y por cuenta propia”.
No obstante, al revisar el histórico, el panorama de la informalidad también resulta favorable para la actual administración. Al comparar la medición del mes de abril del año pasado frente al mismo periodo de 2026, el indicador no ha desmejorado, sino que evidencia un leve descenso, pasando de 55% a 54,2%.

En ese sentido, si bien se puede señalar que no hubo un gran impacto en la reducción de la informalidad y que la cifra se mantiene alta, los niveles históricos hacen complicado demeritar el logro citado en la publicación: la reducción del desempleo general es cierta y su indicador paralelo no ha empeorado.
Finalmente, cabe anotar que recientemente la precisión de las cifras oficiales ha sido objeto de debate público y académico. Un estudio de la Universidad de Antioquia, elaborado por el investigador Edwin Esteban Torres Gómez, contrastó la encuesta del DANE con los registros administrativos de pago de seguridad social (PILA). La investigación concluyó que existe una incoherencia: mientras el DANE reporta la creación de 814.000 empleos formales en el último año analizado, los registros de la PILA reflejan una pérdida superior a 170.000 puestos de trabajo.
Ante los cuestionamientos, el DANE respondió oficialmente defendiendo la solidez de sus mediciones, argumentando que las encuestas de hogares y los registros administrativos miden fenómenos distintos con metodologías y universos diferentes, y reiteró que sus estadísticas se rigen estrictamente por los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La caída de la inflación es cierta. Entre el gobierno Duque y Petro, según los datos en bruto y fuera de contexto, sin embargo, es fundamental tener en cuenta que las cifras inflacionarias del gobierno Duque se dieron bajo el panorama de una pandemia mundial de covid-19, como lo explicó Colombiacheck en el “Chequeo presidenciable en economía” que verificó una frase de Iván Cepeda en la que le echaba flores al gobierno Petro por estas cifras.
En 2022 la inflación llegó a 13,1% pero en esta alta cifra (por arriba de dos dígitos) es necesario tener en cuenta el contexto. Como lo contamos en el chequeo aludido: “La reactivación económica tras la recesión de 2020 por los grandes confinamientos para reducir la propagación del virus hizo que la inflación subiera, llegando a 5,62% en 2021 y a un pico de 13,12% en 2022. Los años siguientes, comenzó un descenso gradual, con 9,28% en 2023, pero luego se estancó arriba del 5%”.

Lo esperado en relación a la inflación, según el profesor Urrea, es que volviera a niveles pre pandemia (en 2018 cerró en 3,18 % y en 2019, en 3,8 %, según los registros del Dane) durante el gobierno de Gustavo Petro, sin embargo, el gobierno actual no ha podido llevar la inflación a esas cifras. Adicionalmente, según Urrea, “la inflación lleva más de un año estancada en torno al 5%, muy por encima de la meta del 3%. El propio Banco de la República proyecta que la inflación subirá al 6,3% en 2026 debido al aumento del salario mínimo, antes de regresar a la meta solo en 2027”. Urrea añade que el descenso se “explica por la política del Banco de la República subiendo tasas, exactamente la institución que el gobierno hoy quiere reformar. La caída no es un logro del Ejecutivo; es un logro del banco central que el Ejecutivo ataca”.
En defensa del descenso de la inflación y contrarrestando la crítica de Urrea, Simón Gómez respondió para Colombiacheck que “el argumento de que la inflación está ‘estancada’ en torno al 5 % y que esto constituye un fracaso exclusivo del gobierno actual pierde toda validez cuando se examina la historia del cumplimiento de la meta en Colombia. Desde que el Banco de la República estableció el régimen de rango meta en 2002 hasta 2020 —18 años—, la meta se cumplió en 9 ocasiones y se incumplió en otras 9, lo que arroja un récord de incumplimiento del 50 % en ese período”.
Teniendo en cuenta que la cifra inflacionaria está muy por debajo de los niveles pre pandemia, que lo esperado era bajar la alta cifra inflacionaria a la que se llegó en 2022 producto de factores mundiales no recurrentes, y que además, los últimos dos años la inflación ha estado estancada (y este año podría aumentar), Red Cheq califica el dato de la disminución de la inflación que hace la publicación “Llaneros con Cepeda” como Cuestionable.

"➡️ Menos hambre, Más dignidad, ➡️ Más oportunidades" sentencia la afirmación.
Al momento de abordar la pobreza hay dos enfoques complementarios que permiten medirla: la pobreza monetaria (que es la que mide exclusivamente si el dinero que le ingresa a un hogar es suficiente para cubrir sus necesidades básicas de consumo) y la multidimensional (que parte de la idea de que la pobreza es mucho más que la falta de dinero. Evalúa las condiciones reales de vida de los hogares a través de varios campos o dimensiones). Ambos enfoques sólo tienen datos hasta 2025.
Sobre la primera el Dane publicó sus informes y se conoció que hubo una disminución. En 2022 se situó en 36,6% y en 2025 cerró en 28%, una disminución de 8,6 puntos porcentuales. Adicionalmente, se conoció el dato de pobreza monetaria extrema. De 13,8% en 2022 pasó a 9,6% en 2025.
En relación a la pobreza multidimensional, de acuerdo al Dane, bajó de 12,9 en 2022 a 9,9 en 2025. Estimaciones señalan que desde 2021 la reducción ronda 3.4 millones de personas que salieron de esa condición.

En relación al logro de “Menos hambre” en el gobierno Petro al que alude la publicación, los datos del Dane le dan la razón. El primer mandatario deja menos colombianos hambrientos. Según el informe del Dane “Estado de la Seguridad Alimentaria en Colombia”, en 2022 Colombia registraba una prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave del 28,1%, lo que significaba que cerca de 15,5 millones de personas enfrentaban dificultades para acceder a los alimentos por falta de recursos. Hoy, según los resultados publicados para 2025, esta cifra se redujo al 21,1%, equivalente a 12 millones de personas que aún viven en condición de inseguridad alimentaria en el país.

Angie Julieth Santamaría García, subdirectora técnica de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, Abaco, explicó que “aunque el resultado refleja un avance importante frente al panorama de 2022, desde Abaco evidenciamos que persisten grandes desafíos en seguridad alimentaria y nutricional, especialmente en medio de la inflación de alimentos, la desigualdad territorial y las vulnerabilidades estructurales. La recuperación no ha sido igual para todas las regiones, y departamentos y municipios con mayores rezagos continúan enfrentando escenarios críticos de hambre y malnutrición”.
Red Cheq califica esta afirmación sobre la pobreza y el hambre con un Verdadero porque el hambre en Colombia disminuyó (con todo y los matices que alude Santamaría García) y la pobreza en efecto han disminuido, según las anteriores cifras oficiales.

"💵 Subsidio pasó de $80.000 a hasta $230.000, ➡️ Más comida, ➡️ Más tranquilidad, ➡️ Más respeto por quienes construyeron el país", complementa la frase.
El dato sobre el alcance y aumento del subsidio tiene sustento, pero la publicación omite un contexto crítico sobre la fragilidad jurídica de su financiación, los límites de edad para percibir el incremento completo y las graves fallas logísticas que contradicen la supuesta “tranquilidad”.
En primer lugar, la afirmación de cobertura halla respaldo en el anuncio hecho en junio de 2026 por el Departamento de Prosperidad Social, según el cual el programa logró la meta de 3 millones de beneficiarios activos, impulsado en gran parte por la flexibilización de requisitos para poblaciones vulnerables, como las comunidades indígenas, a través del Decreto 1342 de diciembre de 2025.
Sin embargo, no todos los beneficiarios reciben el mencionado aumento. El uso de la palabra “hasta” en la publicación sirve como un paraguas para ocultar la estricta focalización del programa:
Sin embargo, el incremento no se aplicó de manera homogénea. El diseño paramétrico de la política implementó la nivelación a través de una focalización demográfica estricta, por lo que para el ciclo iniciado en octubre de 2025 el tope estaba fijado para mujeres mayores de 70 años y hombres mayores de 75.
Este monto, además, contrasta con la promesa original de campaña de Petro, quien aseguró que entregaría bonos de 500.000 pesos a los adultos mayores
En segundo lugar, respecto al origen de los recursos, la viabilidad de la medida se encuentra en un limbo legal y fiscal. Originalmente, estos incrementos debían financiarse mediante el Pilar Solidario de la Reforma Pensional, pero la Corte Constitucional suspendió esa ley en junio de 2025 por vicios de procedimiento.
Ante este revés, el Gobierno forzó el pago acudiendo a un mecanismo de contingencia para sacar los recursos directamente del Presupuesto General de la Nación. Esto traslada un inmenso riesgo sobre su sostenibilidad, pues la continuidad de la medida está sujeta a la aprobación de nuevas reformas tributarias.

El supuesto logro es complementado así: "🌱 Más de 500.000 hectáreas entregadas, 📜 Millones de hectáreas en proceso de titulación, ➡️ Tierra para producir, no para especular".
No hay claridad a que se refiere la publicación con “Reforma Agraria para +500.000 familias campesinas”. Sin embargo, Colombiacheck revisó el “Plan de Acción Institucional 2026” de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y no encontró una cifra cercana a más de 500.000 familias campesinas beneficiarias de la reforma agraria.
Lo que sí encontró esta verificación es El Contador Oficial de la Reforma Agraria suministrado por la Agencia Nacional de Tierras, ANT, que menciona el “Subtotal de “entregas provisionales + definitivas + subsidios” con corte a mayor 13 de 2026. A la fecha iban entregadas 338.778 hectáreas. Muy alejadas de las 500.000 hectáreas entregadas que alude la publicación. A lo anterior hay que señalar que apenas 87.602 hectáreas son las que ya han sido “entregas definitivas registradas”, según la propia ANT.

En relación a la disposición de tierras es fundamental recordar uno de los indicadores que más ha causado críticas sobre el rol del gobierno en la adquisición de tierras para su reforma agraria: el tema de hectáreas gestionadas. Según lo contó el Detector de Mentiras de La Silla Vacía en julio de 2025 “el gobierno sí ha gestionado 601 mil hectáreas para proveer el Fondo de Tierras: 401 mil por medio de la compra directa, y las 200 mil restantes a través de donaciones o procesos agrarios. Pero no han sido compradas 401 mil, como dijo el presidente. No todas las 401 mil hectáreas por compra directa ya están efectivamente compradas”.

"📚 Matrícula cero en universidades públicas, ➡️ Más jóvenes estudiando, ➡️ Menos desigualdad", rezan los supuestos detalles del logro.
Esta afirmación resulta Inchequeable porque, a la fecha, no existen cifras públicas consolidadas que permitan corroborar si el gobierno de Gustavo Petro alcanzó la meta de más de 900.000 estudiantes beneficiados con gratuidad. Para intentar verificar el dato, Colombiacheck consultó al Ministerio de Educación, pero hasta la publicación de este artículo no hubo respuesta.
De acuerdo con Diego Sánchez, coordinador general de la Fundación Empresarios por la Educación (ExE), “en la actualidad sólo hay cifras consolidadas (no preliminares) hasta 2024. Por lo tanto, hacer balances del número de estudiantes con gratuidad en acceso en el nivel universitario (...) se puede concluir pero sólo hasta 2024”. Sobre el programa específico de Matrícula Cero, Sánchez enfatiza que resulta imposible hacer la verificación porque “no hay datos públicos que permitan corroborar”.
Lo único que revelan los datos disponibles del Observatorio Exe Gestión Educativa (con corte a 2024) es un leve incremento del 4,26% en el número de jóvenes matriculados en Instituciones de Educación Superior (IES), impulsado principalmente por un aumento del 7,51% en las universidades oficiales o públicas.

Sin embargo, la afirmación específica de la publicación sobre los 900.000 estudiantes carece de un sustento documental que se pueda rastrear hoy. Aunque la Presidencia proyectó en junio de 2025 que la política de gratuidad beneficiaría "directamente a más de 900.000 estudiantes" y en abril de 2026 el Ministerio de Educación afirmó que “más de 939 mil estudiantes en Colombia estudian en la universidad completamente gratis”, la cartera no ha publicado los resultados consolidados de este programa.
Al no existir una fuente abierta y transparente para comprobar si la cifra de beneficiarios se concretó o se quedó en promesa, la afirmación no se puede chequear.

"💰 Mejores ingresos y condiciones, ➡️ Más bienestar para quienes protegen el país", explica el autor de la frase.
La afirmación sobre "mejores ingresos" es cierta, y ameritaría la calificación de Verdadero. Tal como documentó Colombiacheck al verificar el sueldo de las Fuerzas Militares, el actual gobierno sí mejoró la remuneración de los soldados regulares; es decir, aquellos que se encuentran prestando su servicio militar obligatorio.
Anteriormente, de acuerdo con la Ley 1861 de 2017, la bonificación de estos uniformados era de hasta el 30% del salario mínimo mensual vigente. Durante esta administración, el Decreto 1557 de 2023 aumentó esa cuota al 50% y, posteriormente, la Ley 2384 de 2024 la subió al 70%, dejando estipulado que en un plazo no mayor a dos años debería ser equivalente a un salario mínimo completo, cosa que se materializó en este año.
Cabe precisar, como contexto, que este pago corresponde legalmente a una "bonificación" y no a un salario con vínculo laboral o prestaciones sociales.
Pese a estos datos, calificar la frase completa implicaría determinar la "dignidad" de las Fuerzas Armadas, por lo que la afirmación resulta Inchequeable. La dignidad o indignidad son conceptos subjetivos que constituyen juicios de valor y derivan en el terreno de la opinión. Por tanto, en su conjunto la afirmación no es objeto de verificación.

"➡️ Récord nacional, ➡️ Más empleo, ➡️ Más economía regional" se expresa tras la frase en la publicación.
Los datos oficiales confirman que, bajo el actual gobierno, el país rompió su récord de visitantes no residentes (el principal indicador del sector). Según el Portal de Información Turística de Colombia del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), en 2024 la cifra alcanzó cerca de los 7,1 millones de visitantes, lo que valida plenamente el piso de "más de 6,5 millones" expuesto en la publicación. (En 2025, la cifra disminuyó levemente, pero se mantuvo cercana a los 6,5 millones).
Ahora bien, tal como lo documentó Colombiacheck en un chequeo similar de 2024, este logro innegable debe leerse con su contexto. El hito no es un fenómeno aislado de esta administración, sino que hace parte de una tendencia de recuperación global del sector turístico tras la pandemia de covid-19. A esto se suma el retorno a la normalidad de la industria de cruceros, el aumento de colombianos residentes en el exterior que visitan el país, y la continuidad histórica de políticas de promoción de Estado, como la de cielos abiertos.
Esta lectura de los datos es respaldada por el mismo sector gremial. Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato, ratifica la evolución positiva de las cifras en los últimos años, pero aterriza el logro apuntando que: “Más allá de un periodo de gobierno específico, creemos que el fortalecimiento de la industria de los viajes es el resultado de un trabajo conjunto y continuo entre el sector público y privado, las regiones y todos los actores de la cadena de valor del turismo”.
Aún así, con la consideración de estos matices, el mencionado récord es real y las cifras de visitantes exceden lo mencionado en la frase, que en consecuencia calificamos como Verdadero.

"🚧 Reactivación de miles de km de red férrea, ➡️ Menos costos, ➡️ Más desarrollo", desarrolla finalmente.
El actual gobierno ha logrado una reciente consolidación del modo férreo en el transporte, destacándose el corredor La Dorada - Chiriguaná, que entre enero y noviembre de 2025 superó la barrera del millón de toneladas métricas de carga transportadas (un aumento extraordinario del 350% frente a 2024) y movilizó a casi 55.000 pasajeros. Además, se logró adjudicar la primera asociación público-privada (APP) férrea del país para este tramo, con una inversión de 2,27 billones de pesos a 10 años.
Las modelaciones del Ministerio de Transporte muestran que la migración de carga pesada a los trenes permite reducciones en los costos logísticos de entre 20% y 26%, a la vez que genera miles de empleos directos y reduce las emisiones de CO2 de manera drástica frente al uso de tractocamiones.
Sin embargo, hay dos imprecisiones fundamentales en la publicación. Primero, la reactivación no es un logro exclusivo o espontáneo de este cuatrienio, sino el fruto de una política de Estado. Como explicó Colombiacheck anteriormente, la planificación y rehabilitación del tramo central de la red férrea inició sistemáticamente en 2013 bajo el mandato de Juan Manuel Santos, logrando los primeros viajes de prueba en 2016, y alcanzó hitos comerciales regulares para exportación de café y otros bienes durante el gobierno de Iván Duque, entre 2018 y 2019.
Por otra parte, la afirmación de “miles de km de red férrea” reactivadas es exagerada a día de hoy. Según datos del Departamento Nacional de Planeación, en mayo de 2026 apenas un 36% de la red total inventariada del país se encontraban operativos y recibiendo tráfico regular. Esta proporción representa 1.271 de los 3.533 kilómetros totales. Según una publicación de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, para 2020 estaban en operación 1.266.
El actual Plan Nacional de Desarrollo se propuso la meta de intervenir 1.817 kilómetros a través de estructuración o adjudicación de obras, sobre lo que se reportan importantes avances desde el Ministerio de Transporte.
Sin embargo, afirmar hoy que se han reactivado “miles de kilómetros” induce al error, pues confunde la infraestructura operativa con portafolios que aún se encuentran en fases de prefactibilidad o estructuración, como las megaobras del Tren del Pacífico o el Tren Interoceánico, para los que actualmente se busca sortear importantes obstáculos fiscales.