3 DATOS CLAVE:

1. #ChequeoPresidenciable: Colombiacheck sigue verificando a las candidaturas tema por tema con base en los datos que usan con más frecuencia para defender sus posturas y promesas. En esta segunda entrega, nos centramos en la seguridad.
2. Iván Cepeda, del Pacto Histórico, saca pecho por las incautaciones de cocaína en el gobierno Petro y acierta en la cifra, pero le resta importancia al aumento de la producción y sus implicaciones en la reducción de impacto de esas operaciones.
3. De la Espriella da una cifra desbordada del récord de cultivos ilícitos. Valencia presenta una lista engañosa de nueve “gestores de paz liberados”. Fajardo es impreciso al describir la crisis por el sicariato en Bogotá.

Luego de la primera entrega de chequeos múltiples a las principales candidaturas presidenciales, en la que abordamos sus principales declaraciones sobre la salud y Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, fue la más acertada sin ser del todo exacta, ahora pasamos a la seguridad.

La política de ‘paz total’ con la que el presidente, Gustavo Petro, hizo campaña en 2022 es una de las grandes facturas que la oposición le quiere cobrar en las urnas. Quien lo suceda recibirá nueve grupos ilegales fragmentados (cuatro en mesas de negociación) con el doble de integrantes y más presencia territorial; cuatro diálogos con bandas urbanas e indicadores disparados en desplazamiento forzado, producción de cocaína, secuestro y extorsión.

En consecuencia, este es otro tema clave de la campaña. Por eso, igual que en el artículo anterior, buscamos afirmaciones verificables que cada candidatura ha usado entre sus principales argumentos en la defensa de sus respectivas promesas y posturas al respecto.

De cuatro frases, dos se refieren a la lucha contra el narcotráfico desde orillas opuestas. Iván Cepeda, del partido oficialista Pacto Histórico, de nuevo intenta sacar réditos de lo que considera logros del gobierno Petro: en este caso, las incautaciones. El ultraderechista Abelardo de la Espriella, del grupo significativo de ciudadanos Defensores de la Patria, por el contrario, le apunta a criticar la expansión de cultivos de coca de uso ilícito.

La opositora Valencia promete acabar las negociaciones con los grupos armados ilegales con un cartel de nueve cabecillas “buscados”. Según ella, estos hombres han sido “liberados” por la actual administración bajo la figura de gestores de paz.

A diferencia del chequeo de salud, esta vez logramos encontrar un argumento verificable de Sergio Fajardo, quien aspira por el partido Dignidad y Compromiso, declarado en independencia al actual gobierno. Su enfoque es en la seguridad urbana y en los riesgos de que la juventud caiga en la delincuencia, por lo que destacó un dato del sicariato en Bogotá.

En esta ocasión, el más acertado, aunque no sea exacto, es Cepeda, quien obtuvo un “verdadero pero…” por su sacada de pecho con incautaciones, en la que reconoce a regañadientes que la producción aumenta, mientras le resta importancia, pese al efecto que esto tiene y que él omite en el impacto de esas mismas operaciones sobre el negocio ilegal. Las demás calificaciones se reparten entre dos cuestionables y una falsa.

Estos son los chequeos, en el orden de mayor a menor intención de voto que hasta ahora marca la mayoría de las encuestas más recientes para las cuatro candidaturas:

Iván Cepeda

“Este gobierno ha incautado 3.000 toneladas de cocaína”

Aunque la cifra es correcta y, en contexto, el candidato ha reconocido que se da en un escenario en el que también ha aumentado drásticamente la producción, lo que omite es que, en la práctica, esto implica un muy bajo impacto proporcional sobre el negocio ilegal. Por eso la frase es “verdadera pero…”.

Por ejemplo, en una entrevista con Noticias Caracol en febrero, Cepeda dijo:

“Este gobierno ha incautado 3.000 toneladas de cocaína. Ahora viene la oposición y nuestros contradictores a decirnos que eso es porque hay más comercio y tráfico ilícito, pero son 3.000 toneladas, es una cifra inusitada y que ha implicado una labor enorme que hay que reconocerle a las Fuerzas Militares y de Policía”. 

El senador también mencionó esto como un logro del gobierno Petro en un discurso en el sur de Bogotá en marzo, aunque sin dar una cifra exacta sobre las toneladas de cocaína incautadas por este gobierno. 

En Colombiacheck consultamos al candidato y a su jefe de comunicaciones sobre la fuente de sus afirmaciones, pero al momento de la publicación de este chequeo no habíamos recibido respuesta.

Según los datos del Ministerio de Defensa a corte marzo de 2026, se han incautado 3.076 toneladas de cocaína desde el 7 de agosto de 2022, cuando Petro llegó al poder. Esa cifra coincide con la afirmación de Cepeda.

Sin embargo, como él mismo reconoció en Caracol, este aumento de las incautaciones coincide con el aumento de la producción. No solo se trata de que esta pueda ser una causa para el aumento de confiscaciones, como él desestimó en adelanto a posibles críticas de la oposición; sino que esto implica un menor impacto relativo de esas acciones sobre el total del mercado ilegal.

Según el monitoreo de territorios con presencia de cultivos de coca de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, en inglés) para 2023, que es el más reciente disponible, ese año la producción potencial de cocaína creció un 53%, para llegar a 2.664 toneladas. En el chequeo “Narcotráfico: críticas sobre todo verdaderas de opositoras rebaten malabares de Petro con las cifras”,  contamos que la productividad por cada hectárea tuvo un aumento drástico a principios de esta década. 

Por otro lado, al contrastar los datos del Ministerio de Defensa con la producción potencial calculada por la Unodc, encontramos que si bien las incautaciones alcanzaron un récord histórico en 2023, el porcentaje de lo incautado frente a lo disponible se redujo. Ese año fue 28%, el más bajo al menos desde 2010.

Aunque el informe de 2024 no se ha publicado, una nota de El País América reveló que la cifra de producción de clorhidrato de cocaína llegaría a las 3.000 toneladas. Es decir, solo en ese año se habría fabricado una cantidad igual a la incautada en casi todo el cuatrienio actual.

Voces expertas coinciden con Cepeda en que más confiscaciones no son consecuencia directa de más producción, sino que responden a distintas variables. Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), dijo depende de que exista una política que las privilegie sobre otras formas de lucha contra el narcotráfico. “No puedo decir que haya más incautación porque hay más producción, no son variables dependientes”, explicó. 

La politóloga aseguró que la producción se dispara por la demanda global. Afirmó que durante la pandemia de covid-19 (2020-2023) surgieron nuevos consumidores en África, Asia y Australia, mientras que el consumo se mantiene estable o al alza en Europa y Estados Unidos: “El mercado responde y genera más oferta. Eso es más poderoso que lo que haga cualquier gobierno”.

Por su parte, Lucas Marín Llanes, director de Desarrollo y Relaciones Institucionales de la Red de Estudios sobre Drogas en América Latina, aseguró que no hay evidencia académica ni científica que sustente que el aumento de las incautaciones de cocaína tengan relación con el crecimiento de los cultivos o de la producción, aunque lo calificó como una “hipótesis válida”. El economista recordó que el crecimiento de los cultivos viene desde 2014, debido a fallas en la implementación del programa de sustitución del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC.

Bonilla también advirtió que, en estos momentos, es imposible saber con exactitud cuánto ha aumentado la producción, porque existe un debate técnico sobre cómo hacer el cálculo. “Analistas y expertos en drogas en Colombia han dicho que hay que mejorar la medición de las Naciones Unidas sobre la proyección de la producción de cocaína porque hay cosas que han cambiado y no pueden seguirse midiendo de la misma manera”, expresó.

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Abelardo de la Espriella

“En Colombia hay 330.000 hectáreas de coca”

Al contrastar la declaración con los sistemas oficiales de monitoreo, encontramos que las mediciones más recientes están muy lejos de esa cifra, por lo que la calificamos como falsa.

Uno de los muchos escenarios en los que De la Espriella dio este dato fue en una entrevista con El Tiempo del 8 de febrero de 2026. “Si nosotros además queremos combatir toda las formas de violencia, tenemos que empezar a fumigar la coca”, propuso antes de mencionar esa estadística.

El abogado ha repetido esa cifra, por ejemplo, en agosto de 2025 en RED+ Noticias, en noviembre con Semana, el 6 de febrero con La FM y, más recientemente, el 21 de abril, en una conversación con el activista argentino de ultraderecha Agustín Laje.

Colombiacheck contactó al equipo de prensa del aspirante por Defensores de la Patria para preguntar cómo sustentaba el dato, pero hasta la fecha de publicación no obtuvo respuesta.

Como hemos explicado en chequeos anteriores, actualmente existen dos grandes sistemas de medición en Colombia. El primero es el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, en inglés), que desde 1999 realiza un censo anual de las hectáreas sembradas con coca. El segundo es el Sistema Integrado de Información y Monitoreo Antinarcóticos (Siima), operado por la Policía Antinarcóticos, que realiza seguimiento satelital permanente.

De acuerdo con el informe preliminar más reciente del ente multilateral, revelado por El País América, Colombia registró 261.000 hectáreas de coca en 2024, la cifra más alta desde que existe el monitoreo oficial. Comparada con ese dato, la afirmación de De la Espriella exagera la dimensión del fenómeno en cerca de un 26%, equivalente a más de 69.000 hectáreas adicionales.

Por otra parte, el reporte más reciente del Siima, de diciembre de 2025 —divulgado por Petro en abril— registró 258.144 hectáreas de cultivos de coca productivos. En consecuencia, arroja una diferencia de 71.856 hectáreas frente a lo dicho por el candidato, es decir, una sobreestimación cercana al 28%.

En una entrevista de noviembre de 2025 con el medio de propaganda ultra La Derecha Diario, de Argentina, De la Espriella repitió la cifra de 330.000 hectáreas y aseguró que no se basa en cifras de la ONU, sino en las del gobierno de los Estados Unidos, pero esto tampoco tiene sustento. 

La única entidad oficial del gobierno estadounidense que hacía estas mediciones era la Oficina de la Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP, por sus siglas en inglés), pero su último reporte con cifra específica de hectáreas para Colombia fue de julio de 2021, con 245.000 hectáreas para 2020. En mayo de 2022, Washington adoptó métricas integradas y dejó de publicar cifras anuales de hectáreas por país.

Dinámica de crecimiento y récords históricos

La evolución de los cultivos de coca en Colombia sí muestra una tendencia sostenida al alza durante la última década, con dos grandes ciclos de expansión: uno entre 2013 y 2017 y otro, más acelerado, a partir de 2020.

Según los reportes de Naciones Unidas, el área sembrada pasó de 143.000 hectáreas en 2020 a un récord histórico de 253.000 hectáreas al cierre de 2023. Esto representó un aumento del 10% en apenas un año y un crecimiento de 1,7 veces frente a las cifras registradas en 2019.

Para 2024, la tendencia ascendente continuó, aunque con una desaceleración relativa. Los datos preliminares de Unodc indican un incremento del 3% frente al año anterior.

Por su parte, el Siima de la Policía Nacional reportó un total de 262.179 hectáreas para agosto de 2025, el pico más alto registrado por un organismo oficial desde que existen sistemas de monitoreo.

Aunque el Gobierno ha señalado una posible reducción de cerca de 4.000 hectáreas hacia finales de ese año, debido a la exclusión de zonas abandonadas y procesos de sustitución, los distintos sistemas técnicos coinciden en que el país atraviesa el momento de mayor afectación histórica por cultivos de coca

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Paloma Valencia

“Esos que ven ahí con ‘se busca’ son los que Petro liberó como gestores de paz”

La candidata ha acompañado esta afirmación con una imagen que muestra a nueve criminales de distintos grupos armados ilegales, solo tres de los cuales tienen sus órdenes de captura levantadas, aunque con figuras distintas a la de gestores de paz, lo que implica varias imprecisiones que hacen cuestionable el señalamiento.

En un video de un acto de campaña que publicó en su cuenta de X el 23 de abril, Valencia muestra las fotos de los hombres buscados a los que se refiere:

• Eliécer Herlinto Chamorro, alias ‘Antonio García’, jefe máximo del ELN;
• Israel Ramírez Pineda, alias ‘Pablo Beltrán’, miembro del Comando Central del ELN;
• Néstor Gregorio Vera, alias ‘Iván Mórdisco’, principal cabecilla del EMC;
• Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’, máximo jefe de la Segunda Marquetalia;
• Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, cabeza del EMBF;
• Elkin Casarrubia Posada, alias ‘El Cura’, jefe del EGC o ‘Clan del Golfo’;
• Jobanis de Jesús Ávila, alias ‘Chiquito Malo’, cabecilla del mismo clan;
• Orozman Orlando Ostén, alias ‘Rodrigo Flechas’, mano derecha del anterior;
• Luis Armando Pérez Castañeda, alias ‘Bruno’, también jefe del EGC. 

Enseguida, insiste en que, de llegar a la Casa de Nariño, firmará un primer decreto para reactivar las órdenes de captura de estos delincuentes.

Esa misma imagen fue compartida por la senadora en otro trino y en Facebook. También fue publicada por la cuenta oficial del Centro Democrático en X.

Hablamos con la oficina de prensa de la Fiscalía, que confirmó que solo cuatro de los nueve aludidos tenían su orden de captura suspendida en ese momento. Son ‘El Cura’, ‘Rodrigo Flechas’ y ‘Bruno’, todos del Clan del Golfo, y ‘Calarcá’, del EMBF. Los jefes elenos García y Beltrán tuvieron el mismo beneficio mientras estuvieron negociando, pero al levantarse la mesa, les reactivaron sus circulares.

También consultamos a la oficina de prensa de la Consejería Comisionada de Paz, que es la encargada de pedir esa suspensión en el marco de los procesos de paz, y esta afirma en un mensaje que ninguno de los hombres ha sido liberado, porque no estaban en prisión. Tampoco han sido nombrados bajo la figura de gestores de paz.

Revisamos las resoluciones que el Gobierno ha publicado en relación con las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central (EMC) y el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). Encontramos que, en efecto, no han sido designados como gestores, sino como “voceros” o “miembros representantes” de las mesas de diálogo.

Aunque son figuras distintas, el Gobierno puede pedir levantar las órdenes de captura en cualquiera de las dos. De hecho, en junio de 2024, específicamente Calarcá sí alcanzó a ser capturado y tuvo que ser liberado casi de inmediato gracias a esa suspensión como miembro representante del entonces EMC, que acababa de partirse en dos: su facción, que se convertiría en el EMBF y sigue negociando, y la de Mordisco, que se retiró del proceso.

La Ley de Paz Total, que renueva y modifica el marco jurídico para negociar con grupos armados como en todos los gobiernos desde 1999, dice que, una vez iniciado el proceso de acercamiento o diálogo, se suspenderán las órdenes de captura contra las personas de esos grupos que sean designadas por el Gobierno como sus representantes o voceros. A quienes se les otorga esa condición son quienes se sientan en la mesa.

El pasado 6 de abril, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, envió una carta a Petro, donde le pide revocar esa designación para Calarcá porque tiene evidencia de que el jefe disidente “ha incurrido en nuevos delitos cometidos de manera personal y con posterioridad a la fecha en que le fueron suspendidas las órdenes de captura”. El ente incluso anunció que le imputará cargos a Díaz Mendoza por esas nuevas conductas.

Esta es, caso a caso, la situación de los nueve nombres mencionados por Valencia:

* ZUT: Zonas de Ubicación Temporal, creadas para la concentración del grupo en medio del diálogo sociojurídico con el Gobierno.

Luis Fernando Trejos Rosero y Reynell Badillo Sarmiento, investigadores de seguridad y conflicto, explican en esta columna de opinión que los gestores o promotores de paz, cuyo marco jurídico es la Ley de Justicia y Paz, del gobierno de Álvaro Uribe, y el Decreto 1175 de 2016, tienen la labor de “contribuir a gestionar e implementar acuerdos humanitarios durante la fase de diálogos con su respectivo grupo armado organizado al margen de la ley”. Los académicos también explican que:

“Por medio de esta figura se podrá solicitar a las autoridades judiciales competentes la suspensión de la medida de aseguramiento, de pena o solicitar la pena alternativa en contra de miembros o exmiembros de grupos armados organizados al margen de la ley. Sin embargo, la designación no suspende o pone fin en ningún caso a los procesos judiciales y los gestores tendrán que responder a las autoridades competentes en caso de ser requeridos”.

Esa figura la han usado desde el mismo Uribe, cuando se la dio a Elda Noguera, alias ‘Karina’, excabecilla del Frente 47 de las FARC, hasta Petro, quien nombró al exparamilitar Salvatore Mancuso o a Violeta Arango Ramírez, integrante del ELN. En el caso del exjefe de las AUC, su designación no tuvo nada que ver con su libertad; mientras que en el de la guerrillera elena sí y terminó en su fuga.

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Sergio Fajardo

“En Bogotá, [...] más de la mitad de los muertos son sicarios”

La proporción a la que se refiere el candidato en realidad es de casos de sicariato sobre el total de homicidios en la ciudad, un fenómeno creciente que describió de manera imprecisa.

Fajardo usó el dato en una entrevista con el personaje ‘Juanpis González’, del comediante Alejandro Riaño, en su programa ‘El Boletín del Gomelo’ para explicar la necesidad de evitar que los jóvenes entren a la criminalidad y señalar los factores de riesgo que pueden llevarlos por ese camino. Lo chequeamos porque es una de las pocas veces que encontramos en las que ha dado información concreta verificable sobre paz o seguridad.

Consultado para este artículo, el equipo del candidato remitió como sustento una columna del sociólogo Hugo Acero, exsecretario de seguridad de Bogotá, titulada “Sicarios sin control”, donde se expone el crecimiento de ese fenómeno. Además, aseguró que “de acuerdo con cifras de la Policía, el 48% de los homicidios corresponden a sicariato”. 

Tras consultar información de la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación, no encontramos bases de datos que especifiquen el móvil en crímenes recientes. Además, los datos disponibles no detallan características suficientes de las víctimas como para poder establecer si entre ellas hay asesinos a sueldo.

Sólo en una base de datos del Instituto Nacional de Medicina Legal, se inscribe el sicariato como una posible circunstancia del hecho. Al filtrar los casos ocurridos en Bogotá, se registran 384 entre 2023 y 2024. 

Al margen de esta información, notamos que la respuesta ofrecida desde la campaña alude, evidentemente, al sicariato como causa o móvil de los homicidios, no a los sicarios como sujetos afectados.

En la columna citada, Acero señaló que el “asesinato por contrato” creció un 40% en Colombia en la última década, pasando de 5.920 registros en 2015 a 8.907 en 2024 y, citando al Ministerio de Defensa, aseguró que 67,5% de homicidios en el país eran ejecutados por sicarios.

Una semana antes de la entrevista de Fajardo con ‘Juanpis’, se publicó en El País América el artículo “La mitad de los homicidios en Bogotá son asesinatos por encargo”. Allí se expone que el sicariato ha pasado de ser una modalidad secundaria a representar la mitad de la violencia letal en la ciudad en solo tres años, citando a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía, así:

• 2022: 431 casos (42% de los homicidios totales).
• 2023: 437 casos (40,3% de participación).
• 2024: 606 casos, elevando la participación al 49,92%.

Los datos citados por el medio español fueron obtenidos por el concejal Julián Espinosa, del partido Alianza Verde. El cabildante encontró que, de 521 homicidios registrados en el primer semestre de 2025, 156 fueron cometidos por sicariato, por lo que proyectó un cierre de año con al menos 568 asesinatos bajo esta modalidad.

Finalmente, cabe anotar que la opacidad de los datos dificulta precisar la exactitud de las alertas. La politóloga Laura Suárez, directora del área de seguridad urbana del centro de estudios Probogotá, le dijo a El País que la Policía dejó de publicar sistemáticamente esta información.